¿EXISTE LA TORTURA EN NUEVO LEÓN?

Carlos Treviño Vives.
Director.- Observatorio Mexicano de Derechos Humanos. A. C.  OMDHAC

De acuerdo con datos oficiales, en al menos  los últimos cuatro años no han existido denuncias con respecto al delito de tortura y en los últimos once años sólo han existido dos sentencias condenatorias por el mismo delito.

 Ante la presente estadística, ¿se puede decir que se ha erradicado la tortura en Nuevo León?

En el reciente informe de Human Rights Watch, “Ni seguridad ni derechos” se presentó una entrevista a una víctima de tortura en Nuevo León que señaló que:

“Lo que hicieron fue que tomaron una venda… y me enredan toda la cabeza salvo la nariz… ya después conocí que a eso le dicen “la momia”… Me dejaron así y empezaron a hacer lo del agua otra vez pero ahora el agua entraba directamente por la nariz. Lo hicieron tres veces. Y ya dije,  “Ya, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran” 

En el caso de ésta víctima de tortura, en OMDHAC tenemos conocimiento de que los familiares de la víctima solicitaron ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul). 

Sin embargo, su solicitud no fue atendida por la Procuraduría. El denominado Protocolo de  Estambul, que entró en vigor en 2005 en Nuevo León, busca documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura y/o malos tratos con los hallazgos físicos y/o psicológicos. 

El Protocolo se ha aplicado en Nuevo León en cinco ocasiones (todas en 2008). 

Human Rights Watch reporta en su informe que en el periódo de 2008-2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recibió 98 denuncias de tortura. 

Por lo tanto, tenemos una gran disparidad entre la estadística de la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿A qué autoridad debemos creerle?

Para la Procuraduría la tortura es prácticamente inexistente en Nuevo León. Sin embargo, Human Rights Watch señala algunos elementos que explican esta situación: el ministerio público no investiga o presenta como falsas las denuncias, se clasifican los hechos de tortura como delitos de menor gravedad, etc. 

Por su parte, la estadística de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos refleja sólo una parte del total de casos de tortura, que evidentemente sigue siendo un problema en Nuevo León. 

Toda la sociedad está expuesta a estar involucrada en un procedimiento penal. 

Si permitimos que la tortura sea la norma que rija la investigación, se destruirían las bases de todo Estado democrático de derecho. Se debe exigir que toda investigación penal se lleve a cabo a través de procedimientos confiables y transparentes que permitan sancionar al responsable de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.