Articulo.- “Mátenlos en caliente” por Cesar Valdéz.

“...dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? /

porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale...”

La Polla Records

44 muertos se suman a la larga lista de suicidios supuestos más nunca investigados, muertes “naturales” ydescaradas ejecuciones ocurridas en penales de Nuevo León en los últimos años, mostrando lo que siempre sesupo: que las autoridades no han podido ni querido controlar el sistema penitenciario, a ciencia y paciencia de unaprensa inquisitorial que alimenta a una opinión pública santurrona cómodamente instalada en la ignorancia y el fácilrecurso del afán de linchamiento.

Hoy lunes 20 de febrero de 2012 algunos columnistas han ubicado estos terribles hechos en el contexto nacional,señalando que estos asesinatos en el penal de Apodaca son parte de una cadena de sucesos de sangre encentros penitenciarios como los de Juárez o Tijuana, en donde también se han registrado homicidios, en violentascircunstancias a los que los funcionarios estatales y federales dan carpetazo con la etiqueta de “motín”.

Sin embargo, el caso del sistema penitenciario de Nuevo León tiene particularidades que le dan a los 44asesinatos del penal de Apodaca un cariz más terrible que el que de por sí tiene una matanza de esasdimensiones; cariz que tiene que ver con lo anómalo del funcionamiento habitual de las instituciones deadministración de ese sistema penitenciario y de la percepción que los nuevoleoneses tienen de él.

Tenemos a una autoridad estatal que por decenios ha dejado a las cárceles en un limbo jurídico y administrativo,en manos de funcionarios que más que rendir cuentas a la sociedad, han convertido al sistema penitenciario en unnegocio particular, una industria que opera completamente al margen de la ley y cuya materia prima son personaspobres que no tienen con qué defenderse en un sistema penal completamente venal, estructuralmente corrompido,que permite que los criminales con recursos tengan muchas maneras de evadirlo, en tanto que provoca la condenade muchos inocentes.

Esta es la realidad que se tenía antes, mucho antes de que los cárteles “sentaran sus reales” en Nuevo León(cómo preconizó recursivamente el clásico Coco Coindreau), y es el estado de cosas que permitió que esoscárteles pudieran fácilmente tomar el control de la estructura de mando penitenciaria, como relevo natural de esosfuncionarios cuya única motivación era la ganancia monetaria y el abuso del poder.

Todas las voces que advirtieron el tic-tac de esta bomba de tiempo fueron ignoradas y vilipendiadas, como en elcaso de la Hermana Consuelo Morales, quien desde su organización, Ciudadanos en Apoyo a los DerechosHumanos, A.C. (CADHAC), insistió desde los años 90 en que si no se echaba mano a esas islas jurídicas que sonlos penales, las consecuencias serían desastrosas. Ni siquiera el que CADHAC haya llevado la denuncia de estasituación al plano internacional fue suficiente para que las autoridades estatales emanadas del PRI y del PANmovieran un dedo.

¿Para qué iba un gobierno estatal desgastar sus preciosas energías en someter al imperio de la ley a lascárceles?, ¿qué beneficios tendría un gobernador, un procurador, si atendiera las constantes denuncias deviolaciones sistemáticas a los derechos humanos en los penales?. Nuestros funcionarios democráticamenteelectos no vieron, y no lo ven aun tras los maderos de esos 44 ataúdes, qué tajada política se puede cortar de esepastel explosivo, ya que tienen a la opinión pública de su lado, pues es de todos sabido que quien está en la cárceles porque se lo merece, y se tiene una seguridad plena de que “nosotros” jamás tendremos que ver con esesubmundo de citatorios, barandillas, abogados, jueces, actos de formal prisión, consignaciones.

La dichosa opinión pública acude al espectáculo del asesinato e incineración de presos con ese ánimo terapéuticoque a decir de Camilo José Cela, llevaban los campesinos españoles de la preguerra que acudían a ver a loscondenados a morir en el garrote, ya que, “el pueblo sencillo lo único que pide es un poco de sangre”. Los 44, cadauno de ellos, se merecía la muerte que tuvo, es de “los otros”, muy otros, los que no son ni serán jamás“nosotros”, y el campesino vuelve a su labor con el alma purificada y la renovada certeza de su inocencia perpetua.

Es así como en Nuevo León esa combinación de una casta de burócratas en el poder del sistema penitenciario -ahora compartido o cedido a los cárteles-, con una ciudadanía educada en la lógica de la ley fuga, de lasrespuestas prontas y expeditas que aplauden la eliminación de quienes no son como uno; es que tenemos comoconsecuencia una matanza de proporciones tales que deberían movernos a la reflexión por lo menos, o a tenercomo desenlace la reestructura de ese aparato penitenciario.

Ni una cosa ni otra pasarán.

“Mátenlos en caliente”, ordenó Porfirio Díaz y tras cumplido el mandato con la premura que la orden implicó, lafrase quedó en la memoria de muchos mexicanos como una anécdota festiva de lo que debe hacer un buengobernante, sin que nadie se tomara la molestia de recordar o de saber siquiera quiénes fueron los sujetos pasivosde aquél arranque justiciero del tirano. Igualmente, los 44 asesinados del penal de Apodaca pasarán rápidamenteal olvido y de su muerte sólo tendremos un recuento cuando algo equivalente vuelva a suceder, pues no se moveráun dedo gubernamental para que las causas de tal desastre sean atendidas.

Muerte en el Penal de Apodaca

Nuevamente la muerte ha llenado uno de los centros de reclusión de nuestra entidad; esta vez fue el turno del Penal de Apodaca. Una vez más el Penal de Apodaca fue escenario de una revuelta entre internos que dejo como saldo al menos 30 personas sin vida.

Una vez más la sobre población carcelaria es uno de los factores clave que llevo a tan fatídico desenlace.

El asinamiento en un centro penitenciario es el factor principal para que se susciten este tipo de eventos.

Recordemos que las cárceles en México distan por mucho de encontrarse dentro de los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas.

De nueva cuenta nos encontramos con el resultado de un sistema creado para encarcelar y contener a los gobernados.

Necesitamos que el incremento de penas en diversos delitos tanto de los ordenes del fuero común como del federal dejen de ser la solución en el combate contra el crimen.

Es tiempo de implementar estrategias de concientización por medio de la educación para reducir la sobre población penitenciaria.

Hemos visto el resultado que esto (el incremento de penas y la sobre población) ha traído en nuestro vecino pías del norte.

Debemos seguir el ejemplo de culturas más desarrolladas que las que están cruzando el río bravo.

Una estrategia de saneamiento a la economía y mejor educación resultarían en una solución efectiva en un problema que desde hace años se ha ha ido convirtiendo en una bomba de tiempo.

Como lo hemos comentado, este tipo de eventualidades irían a la alta.

Las políticas de nuestras administraciones se han ocupado de pretender tapar el sol con un dedo.

Se han ocupado de tratar de solucionar un problema educacional y cultural con las armas.

Si bien es cierto que el Estado debe detentar una fuerza coactiva y punitiva sobre sus integrantes como modo disuasivo y de castigo en aquellos que flagelen el contrato social, también lo es que ello es la ultima de las soluciones a cualquier conflicto.

El Gobierno debe por Ley proveer los satisfactores necesarios para que la vida ocurra de manera pacifica.

Lo cual implica el crecimiento de la sociedad sobre una base de armonía económica y oportunidades de desarrollo.

Mientras continuemos metiendo personas a la cárcel, mientras el problema no se ataque desde la trinchera adecuada, nos veremos siempre ante situaciones caóticas y deplorables como la de este fatídico día de febrero de 2012.

La solución no se encuentra en las armas, no se encuentra en los operativos de reacción; la solución es sembrando la semilla de la humanización, de la armonía, de la equidad, de las oportunidades.

Brindemos en la medida de nuestras posibilidades la oportunidad de que esa semilla germine y veremos el resultado de un México en paz, de un México seguro.

Solicitemos a nuestras autoridades la aplicación de medidas sancionadoras a quienes dolosamente han incumplido en el ejercicio de su encargo, empleo o comisión.

Impulsemos la implementación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en los centros penitenciarios.

Promulguemos leyes tendientes a exaltar la persona humana y entonces nos encontraremos ante un nuevo y mejor futuro.

Saludos.