"EL ARRAIGO ATENTA CONTRA EL DERECHO A LA LIBERTAD Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

Sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables: afectado

El arraigo atenta contra el derecho a la libertad y la presunción de inocencia

Suele ser combinado con tortura y otros recursos ilegales

Centro de mando de la policía en Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 11

Al joven estudiante Marcelo Laguarda Dávila lo mantuvieron arraigado 55 días en las oficinas de la Policía Ministerial de Nuevo León acusado de homicidio; lo torturaron y finalmente confesó un asesinato que no cometió, según Human Rights Watch. Fue sentenciado a 42 años de prisión.

Su caso ha sido emblemático para las organizaciones de derechos humanos que denuncian la ilegalidad de la medida de arraigo, una forma de detención arbitraria, que atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, algo que permite, primero detener, y luego investigar. El arraigo sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables, dice llorando Marcelo Laguarda, en el pabellón de visitas del penal de Topo Chico, donde está preso desde hace más de dos años.

Ante el lleno total y el sobrecupo que registran las casas de arraigo, el gobierno de Nuevo León planea incluso aumentar el número de lugares o bien ampliar las tres casas ya existentes con capacidad máxima para 180 personas: Tenemos ya en lo que va del año las casas de arraigo con alrededor de 150 personas que están en proceso; esto es movible, según se van consignando pues se van desalojando y caen nuevas bandas, dijo el vocero de seguridad, Jorge Domene, al referir la gran cantidad de supuestas bandas detenidas con hasta 30 personas.

La decisión de reforzar el arraigo contrasta con otros estados de la República como Oaxaca o Chiapas, donde esta medida ha desaparecido, en coincidencia con un movimiento nacional que pretende eliminarlo del fuero federal.

El arraigo es el principal instrumento represor del Estado mexicano y fomenta otro tipo de violaciones de derechos humanos como la tortura, las acusaciones sin pruebas, utilizando testigos protegidos y amenazas. Es el mayor ejemplo de la arbitrariedad del poder, en el sistema de justicia penal de presuntos culpables que tenemos, dice Octavio Amezcua, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), al afirmar que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron arraigadas 7 mil personas a escala federal, con un promedio anual de mil 640 personas afectadas y una tasa de incremento de 100 por ciento.

De 2009 a 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil quejas por violaciones a las garantías individuales en relación con órdenes de arraigo, particularmente detenciones arbitrarias y tortura: Qué mejor ejemplo que tener detenida a una persona hasta por 80 días, con todas los daños que implica para su imagen y su riesgo personal, sin ninguna prueba concreta que la incrimine, comenta.

“El de la voz con acento exclamó: ‘ahora resulta que eres un policía honesto’, colocando nuevamente la bolsa plástica sobre mi rostro hasta perder el conocimiento. Sólo podía escuchar ‘para mí eres sicario, y si tienes muchos huevos, aquí te los cortaremos, hijo de tu puta madre. Eres muy leal al cártel. Ojalá te mueras, nadie sabe dónde estás. ¿Qué te cuesta cooperar, pendejo?’ Ya no escuche más, desperté orinado.”

Es el testimonio de Luis Alberto Toledo Coello, uno de los 25 policías municipales de Tijuana que fueron arraigados durante 50 días en un cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, denominado El Aguaje de la Tuna, acusados de delincuencia organizada por orden del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez.

Los otros dos soldados que estaban arriba de mi cuerpo empezaron a golpearme en las piernas y en la panza, gritándome que a ellos no les importaba que yo me muriera, ya que nadie de mi familia sabía en dónde estaba, señala Manuel Adelmo Olivas Coss, otro de los policías arraigados.

Los 25 denunciaron todo tipo de torturas por parte de militares durante su arraigo:“Después de varios golpes sentí cómo me colocaban sobre la cara una bolsa de plástico, con la cual me cortaban la respiración, y lo repitieron en tres ocasiones. Después nuevamente me dijeron: ‘Mira, cabrón, no la juegues porque la vas a pasar muy mal. El juego es simple: o declaras lo que queremos o te matamos y te tiramos por allí para que crean que fue la maña…’”, cuenta Miguel Ángel Mesina López.

Los policías arraigados recibieron amenazas de muerte para conseguir confesiones y les hicieron firmar declaraciones que no les permitieron leer; incluso algunos firmaron documentos en blanco para autoincriminarse. De acuerdo con los testimonios y el informe que será presentado ante la CIDH, al que ha tenido accesoLa Jornada, Leyzaola Pérez ordenaba la tortura y su duración y tres agentes ejecutaban los tormentos físicos y sicológicos.

Los sobrenombres de dos de los agentes martirizadores son El Tortas y El Matute, este último identificado como el principal torturador, a quien además sus víctimas identificaron como escolta del comandante de la II Zona Militar. Durante las torturas, un médico se encargaba de resucitar a los torturados; se trata del teniente Fernando Coaxin Hernández, director de sanidad del cuartel militar.

Después de los 55 días, se les dictó auto de formal prisión y los enviaron al penal de Nayarit. De los 25, 13 apelaron del auto y salieron libres luego de un año y cinco meses de cárcel, mientras los 12 restantes, sin capacidad económica para pagar un abogado, finalmente fueron liberados tres años y medio después. La CNDH emitió una recomendación.

Todos recibieron una sentencia absolutoria, señala Amezcua, de la CMDPDH, que asumió el caso y lo presentará en unos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una demanda de 200 páginas con distintas violaciones de derechos humanos, pero lo más grave es la utilización de la figura del arraigo, y consecuentemente la tortura. También exhibimos la ineficacia de los amparos contra el arraigo.

El caso de los 25 policías municipales de Tijuana incluye los testimonios de seis de ellos que fueron brutalmente torturados, aunque todos fueron vendados, atados, colgados y tableados: De momento me dejaron de asfixiar y empece a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y calzoncillos y sentí cómo metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua, estando yo de pie y con las manos atadas colgando, y en esos momentos empece a escuchar como chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos, señala Samuel Alonso Ureña Varo.

En 2008, Felipe Calderón elevó el arraigo a rango constitucional, pero en los transitorios de la reforma se estableció que los arraigos locales podían seguirse implementando hasta 2016, algo que se hace con absoluta borrosidad, lo cual, según Amezcua, no permite cuantificar a escala nacional el daño ocasionado: No hay cifras. No sabemos cuántos arraigos hay en cada estado. Además, las cifras de la PGR y las del Poder Judicial no cuadran. Las autoridades esconden las cifras.

La figura del arraigo es actualmente cuestionada por el procurador Jesús Murillo Karam, como parte de un proceso de restructuración que pretende revisar esa herramienta jurídica y la del uso de los testigos protegidos. En dos años hubo más de 3 mil 800 mexicanos que fueron arraigados injustamente.

En la Cámara de Diputados grupos políticos de diverso signo se han manifestado recientemente por suprimir la figura del arraigo porque es un instrumento que ha fallado debido a que sólo 20 por ciento de los presuntos culpables fue sentenciado, según ha dicho la perredista Aleida Álvarez, vicepresidenta de la mesa directiva de San Lázaro.

Primero te detengo y luego te investigo, dice el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano: La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada, y lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno: simplemente se le ha privado de la libertad.

Para el abogado Amezcua será difícil que el procurador Murillo Karam termine con la práctica de la figura del arraigo: No creo que la eliminen de un día para otro. Es una práctica muy arraigada en los ministerios públicos. Ya están acostumbrados.

Sanjuana Martínez

Periodista

Creció mil por ciento la tortura durante el sexenio de Felipe Calderón: ONG

LA JORNADA

publicación del día 07-Octubre-2012

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/07/politica/012n1pol?partner=rss

Ejército, Marina y policías la practican constantemente, afirman las organizaciones

    Creció mil por ciento la tortura durante el sexenio        de Felipe Calderón: ONG

“Eres halcona; firma lo que te diga”, dijeron policías de Nuevo León a Ana Luisa mientras la golpeaban y amenazaban

Presentará AI en breve un informe sobre la situación en México

Reportera: Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 7 de octubre de 2012, p. 12

Sólo hay una forma de que salgas de aquí: firma lo que yo te diga, si no ya sabes lo que te va a pasar. Vamos a ir por tus hijos para matarlos, le dijo un policía vestido de civil pero con chaleco de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a Ana Luisa Garza Aguilar, luego de tres días de cautiverio y torturas. Ella no lo dudó, inmediatamente firmó la declaración donde aceptaba ser halcona de Los Zetas.

Permanece de pie, a un lado de las rejas de entrada del penal de Topo Chico. Ha estado tres meses presa y le tiemblan las manos cuando recuerda el martirio al que fue sometida por los ministeriales en la sede de la AEI: “Me ponían bolsas de plástico en la cabeza. Me gritaron: ‘¡coopera; vas a cooperar! Dinos nombres. ¿Qué has escuchado? ¡Tú eres halcona! Conoces a un tal Luca y trabajas para él. Eres su amante. Te lo coges. Tenemos un video donde estás con él en un motel. ¡Eres una puta!’”.

Relata que estaba esposada, con los ojos vendados y yacía en el suelo. Un sujeto se subió en ella y otros dos la sujetaron de los brazos, le jalaron el cabello y le pusieron bolsas de plástico, al mismo tiempo le dieron puñetazos en piernas, costillas y brazos... A punto de asfixiarse y casi desmayada, le dijeron: “Dános tu clave de Facebook; estuviste chateando con él; encontramos su contacto en tu celular. Eres halcona”.

Ana Luisa accedió a todo para detener el tormento. Estuvo 15 días arraigada. Después de firmar ante un juez, que no dijo nada al verla visiblemente golpeada, le pusieron un chaleco naranja y fue presentada junto a otras personas a los medios de comunicación y ante una mesa con droga, armas y celulares supuestamente incautados: “Caen 52 halcones de Los Zetas tras operativos en Nuevo León”, dijeron las autoridades.

Amnistía Internacional presentará el próximo 11 de octubre su informe: Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y malos tratos en México, que documenta casos de complicidad de funcionarios públicos y del crimen organizado en actos de tortura.

Práctica común

En seis meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha emitido 23 recomendaciones al gobierno de Rodrigo Media sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; de las cuales, 20 están dirigidas al procurador Adrián de la Garza por la actuación de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a su cargo.

En Nuevo León la tortura está institucionalizada, dijo de entrada el abogado Leonel Jasso, del Observatorio de Derechos Humanos, en una visita a las cárceles dominadas por el crimen organizado. Es una constante en casi todas las averiguaciones en la primera etapa. Hemos comprobado que los más torturadores son los ministeriales, los de la Agencia Estatal de Investigaciones tienen el primer lugar. Hay cientos de casos. Encontramos personas golpeadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La constante son golpes en el dorso y las piernas; y la utilización de bolsas de plástico con el fin de simular la asfixia y obtener la confesión.

Esa práctica es utilizada por varios cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina en todo el país, señaló Javier Enríquez Sam, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad: En el sexenio de Felipe Calderón ésta aumentó mil por ciento. Fabrican delincuentes. La clave de la permanencia y el aumento de esos actos es la impunidad. Nunca se ha juzgado a un torturador en este país.

Según su reciente informe, En nombre de la guerra, contra la delincuencia, el incremento de la tortura por autoridades se registró en estados del norte del país, particularmente contra jóvenes, muchos de ellos inocentes que fueron arrestados y atormentados para luego incluirlos en un show mediático: Se violenta su derecho a la inocencia. La tortura es brutal; les deja huellas físicas y su sique dañada con severos traumas.

Ana Luisa confirmó los alcances de las secuelas de la tortura que sufrió esos meses: padece dolores de cabeza, pérdida de peso, pesadillas, insomnio, angustia, depresión... Llora frente a los policías que nos vigilan en el penal de Topo Chico, hombres mal encarados que estuvieron en alerta durante la charla, debido a la situación que padecen los reos en un penal dominado por Los Zetas.

Tiene 24 años, es de baja estatura y delgada, portaba un pantalón de mezclilla y una camiseta de manga corta. Lleva el cabello cobrizo a medio pintar, la raíz negra. Mueve las manos nerviosamente; en sus uñas se observa el desgastado esmalte azul. Se enjuga las lágrimas y tiembla cuando recuerda el suplicio.

Era la una de la tarde del 11 de junio, cuando unas siete camionetas se estacionaron afuera de su casa, en el municipio de Allende. Un grupo de hombres encapuchados, portando armas largas y con chalecos de la AEI, entraron violentamente a su domicilio. Sin orden de cateo, ni de detención, primero se llevaron a su esposo. Una hora después volvieron por ella. Le quitaron su celular, la esposaron y vendaron. La tortura empezó desde el primer momento, durante el trayecto: “Me preguntaban por Luca, un tipo con un sobrenombre, con el que había chateado por Facebook y a quien nunca conocí. Les dije que estuve chateando con él hacía unos tres meses, pero le dejé de escribir y no supe más de él. Luego me pegaron en las piernas con el puño cerrado y me ponían una bolsa en la cabeza hasta el cuello para asfixiarme, me estiraron el cabello. Yo sentía que me moría”.

De pronto se le cayó la venda de los ojos y pudo verlos. El vehículo se estacionó en el estanque de San Emilio y observó cómo en las otras camionetas traían más personas que bajaron y los sentaron en el suelo, la mayoría, jóvenes: También los torturaron; gritaban, pedían auxilio y los policías nos trataban con puras palabras obscenas.

Fueron horas de infierno. Por la noche la llevaron a la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, dirigida por Adrián de la Garza Santos.

Le tomaron fotos y por un rato la dejaron sin venda. Luego, la llevaron al auditorio Garza de la Garza de la AEI donde había mucha gente tirada en el suelo, con los ojos vendados, una especie de cámara de tortura con decenas de verdugos: “Estaban torturando a la gente. Se oían muchos gritos, golpes... Me golpearon y amenazaron otra vez: ‘te vamos a matar, te vamos a desaparecer; vamos a matar a tus hijos, di que eres halcona!... ¡Confiesa! ¡Coopera! Vas a firmar o te va a llevar tu chingada madre’”. Aguantó tres días de tortura, sin comer ni dormir. Luego cedió.

Síndromes comprobados

El caso de Ana Luisa fue asumido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), dirigida por Minerva Martínez. El expediente incluye fotos de los golpes, exámenes médicos que comprueban la tortura y evaluaciones sicológicas que demuestran el trastorno de estrés postraumático aplicado con base en el Protocolo de Estambul.

En la cárcel, sigue padeciendo trastorno severo de ansiedad y depresivo. La recomendación de la CEDH no ha sido asumida por ninguna autoridad estatal. No se ha enjuiciado a los torturadores, ni tampoco hay reparación del daño. La comisión aclaró que Ana Luisa necesita ser atendida por un siquiatra y recibir un tratamiento sicofarmacológico que no le fue autorizado en prisión.

Pese a su inocencia sigue presa: La tortura se ha demostrado, su declaración firmada queda completamente invalidada. La tortura es generalizada, todos las autoridades de seguridad la aplican. Y se comprueba la necesidad que tiene el Estado de obtener estadísticas de detenidos y condenas, sin importar cómo, explicó Jasso con años de experiencia en derechos humanos.

Enríquez Sam coincidió: ¿Cómo justifica el calderonato tanto Ejército, tanta Marina y tantos policías en la calle si no hay responsables? Fabricando delincuentes. Incluso les piden cuotas de detenidos para demostrar que están cumpliendo. Y ese es el resultado: más tortura y cientos de inocentes en las cárceles de México.

  

En una guerra contra las drogas, las fuerzas mexicanas acusadas de abusos.

En una guerra contra las drogas, las fuerzas mexicanas acusadas de abusos

por JASON BEAUBIEN National Public Radio. USA.

Los soldados mexicanos en una ceremonia en Ciudad Mier a principios de este mes. Las ramas militares y otras de las fuerzas de seguridad han combatido a los cárteles de cinco años. Mientras que la mayoría de la violencia es culpa de los cárteles, grupos de derechos humanos dicen que las fuerzas de seguridad también han sido vinculados a los abusos.

20 de diciembre 2011

En México, los últimos cinco años de guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón han estado marcados por la violencia brutal, los secuestros no resueltos y decenas de miles de muertes. La mayor parte de la violencia ha venido de las bandas de narcotraficantes, pero algunas de estas atrocidades han sido cometidas por el ejército mexicano y la policía.

Los grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad del Estado combatir a los cárteles de la droga, que han torturado, secuestrado y asesinado a presuntos delincuentes y civiles, incluso inocente.

La ciudad de Sabinas Hidalgo se ha quedado atascado en la árida meseta del norte de México, aproximadamente a medio camino entre el polo industrial de Monterrey y la frontera con EE.UU..Es un lugar que muchos mexicanos abandonen a favor de tratar de encontrar el norte de trabajo de Río Grande.

El verano pasado, de 22 años de edad, taxista Jesús Víctor Llano Muñoz también estaba considerando hacia el norte, sino que fue detenido por la Armada de México y no se ha sabido nada desde entonces.

El 23 de junio, un grupo de infantes de marina mexicanos buscaban el motel San Ángel en Sabinas por presuntos narcotraficantes cuando Jesús Víctor sacó su taxi en la entrada del motel.

Su padre, también un taxista llamado Jesús Víctor Llano, se encontraba estacionado en una parada de taxis cruzando la calle.

"Mi hijo acababa de dejar a algunos pasajeros de su taxi", dice Llano, cuando los infantes de marina ordenó que Jesús Víctor en la parte trasera de una camioneta militar color gris.

Llano dice que le rogó a uno de los oficiales para que su hijo vaya. , Recuerda el oficial bruscamente diciéndole que si su hijo le había hecho nada malo, pronto se lo había comunicado.

Pero entonces empezó a manejar los infantes de marina de la playa de estacionamiento. Llano dice que corrió junto a la caravana de camionetas, gritando: "¡yo darle a mi hijo Detener Dame mi hijo" Pero siguió su camino, y que fue la última vez que lo vi ", dice.

La Armada de México no sólo dice que ellos no tienen a Jesús Víctor, dicen que nunca fue detenido. Funcionarios de la Armada no respondió a los repetidos llamamientos de NPR sobre el caso.

La Armada de México, junto con el ejército, ha estado involucrado en operaciones de rutina de control de drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles en 2006.

Llano dice que ha visitado comisarías, prisiones y cuarteles militares, pero seis meses después de que su hijo fue llevado lejos en una camioneta militar, no se le puede encontrar en cualquier lugar.

Desapareciendo a manos de las fuerzas de seguridad?

En los últimos cinco años de la guerra contra las drogas, más de 40.000 personas han muerto en violencia relacionada al narcotráfico, y miles han desaparecido. La mayoría de los desaparecidos fueron secuestrados por bandas criminales, pero la comisión humanos en el país los derechos de cientos dice también desapareció tras ser detenido por las fuerzas de seguridad.

En noviembre, los Derechos de Nueva York, Human Rights Watch publicó un informe que documenta más de 200 casos de secuestro, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y la policía.

Nik Steinberg, investigador de México y Cuba de Human Rights Watch, dice que las investigaciones por las autoridades mexicanas en estos supuestos abusos a ninguna parte.

"Y el mensaje que envía a las fuerzas armadas, de policía a nivel federal, estatal y local es la siguiente: Usted puede hacer lo que tiene que hacer, siempre y cuando en nombre de la seguridad pública, combate al crimen organizado," Steinberg , dice.

Justo después de Human Rights Watch publicó su informe, un equipo del canal de televisión mexicano Milenio TV policía filmó torturando a varios sospechosos después de un tiroteo en la ciudad de México.

En el video, una docena de agentes de medio uniformados son la celebración de un joven. El sospechoso está de rodillas delante de un cubo de agua. Sus manos están atadas a la espalda con cinta de color negro. Su camiseta se coloca sobre la cara. Los oficiales repetidamente meter la cabeza en el cubo y mantenerlo allí.

Elva Dávila Alves dice que la policía utiliza técnicas similares para obligar a su hijo a confesar el asesinato. Dávila dice que en septiembre de 2010, su hijo Marcelo fue detenido por policías vestidos de civil en Monterrey. La próxima vez que lo vi fue más que una semana más tarde en la cárcel.

"Todavía estaba en mal estado", dice. "Todos los dedos fueron lesionados y quemados. Tenía la mandíbula torcida. Fue golpeado y con moretones en todo el cuerpo. No podía caminar bien."

De acuerdo con documentos judiciales, Marcelo se había ido voluntariamente a la policía y admitió haber matado a un compañero de estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

El Abogado de Marcelo y su familia dicen que él fue secuestrado, golpeado y torturado brutalmente, incluso con la cabeza sumergida en agua hasta que confesó el asesinato.

La policía para detenerlo, dice, compone una historia extravagante acerca de cómo él contrató a un asesino a sueldo del cartel en un parque de la ciudad por aproximadamente $ 300 USD.

Marcelo, al igual que muchos acusados ​​de delitos penales en México, no tuvo la oportunidad de ir ante un juez. Su confesión, junto con los registros telefónicos  donde supuestamente  realizó llamadas a un sicario no identificado, fueron suficientes para condenarlo.

Sobre la base de la confesión, que él dice que fue obligado a firmar, Marcelo ahora está cumpliendo 42 años en prisión. Su madre, Elva Dávila, dice que sabe que la policía torturó a su hijo. Vio los efectos de la  paliza en el cuerpo de su hijo, ahora, ella tiene miedo de represalias contra su familia si emprende acciones legales contra los policías.

"Tengo más hijos. Tengo nietos. Y Marcelo todavía está dentro, y las condiciones dentro de las prisiones no son muy seguras", dice. "Debido a esto no hemos hecho ninguna denuncia formal legal contra los oficiales que le hizo esto a nuestro hijo".

Durante semanas, la policía se negó a que Dávila tomara fotos de su hijo o fuera examinado por un médico independiente. Actualmente, la familia de Marcelo ha presentado una apelación de su condena.

Después de que el informe de Human Rights Watch salió en noviembre donde se  denunciaran  los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad en México, la oficina del Presidente Calderón emitió un comunicado diciendo que el verdadero abuso de los derechos humanos en México es brutalmente cometido por el  crimen organizado.

Calderón se ha puesto en marcha una serie de apariciones en la ciudad de estilo salón de televisión, donde ha dirigido las acusaciones de abuso. Él dice que sus fuerzas respeten los derechos humanos de todos, incluyendo a los delincuentes, aunque esto es difícil.

"La única manera que podemos ganar esta batalla es enfrentar a los criminales con toda la fuerza del gobierno, incluyendo a los militares", dijo Calderón, "pero al mismo tiempo, respetando la ley y los derechos humanos. Porque si no , llegamos a ser tan mala como los criminales. Y se pierde toda la autoridad moral. "

Los grupos de derechos humanos dicen que Calderón debe hacer más para controlar a sus fuerzas de seguridad si quiere mantener esa superioridad moral.

¿EXISTE LA TORTURA EN NUEVO LEÓN?

Carlos Treviño Vives.
Director.- Observatorio Mexicano de Derechos Humanos. A. C.  OMDHAC

De acuerdo con datos oficiales, en al menos  los últimos cuatro años no han existido denuncias con respecto al delito de tortura y en los últimos once años sólo han existido dos sentencias condenatorias por el mismo delito.

 Ante la presente estadística, ¿se puede decir que se ha erradicado la tortura en Nuevo León?

En el reciente informe de Human Rights Watch, “Ni seguridad ni derechos” se presentó una entrevista a una víctima de tortura en Nuevo León que señaló que:

“Lo que hicieron fue que tomaron una venda… y me enredan toda la cabeza salvo la nariz… ya después conocí que a eso le dicen “la momia”… Me dejaron así y empezaron a hacer lo del agua otra vez pero ahora el agua entraba directamente por la nariz. Lo hicieron tres veces. Y ya dije,  “Ya, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran” 

En el caso de ésta víctima de tortura, en OMDHAC tenemos conocimiento de que los familiares de la víctima solicitaron ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul). 

Sin embargo, su solicitud no fue atendida por la Procuraduría. El denominado Protocolo de  Estambul, que entró en vigor en 2005 en Nuevo León, busca documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura y/o malos tratos con los hallazgos físicos y/o psicológicos. 

El Protocolo se ha aplicado en Nuevo León en cinco ocasiones (todas en 2008). 

Human Rights Watch reporta en su informe que en el periódo de 2008-2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recibió 98 denuncias de tortura. 

Por lo tanto, tenemos una gran disparidad entre la estadística de la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿A qué autoridad debemos creerle?

Para la Procuraduría la tortura es prácticamente inexistente en Nuevo León. Sin embargo, Human Rights Watch señala algunos elementos que explican esta situación: el ministerio público no investiga o presenta como falsas las denuncias, se clasifican los hechos de tortura como delitos de menor gravedad, etc. 

Por su parte, la estadística de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos refleja sólo una parte del total de casos de tortura, que evidentemente sigue siendo un problema en Nuevo León. 

Toda la sociedad está expuesta a estar involucrada en un procedimiento penal. 

Si permitimos que la tortura sea la norma que rija la investigación, se destruirían las bases de todo Estado democrático de derecho. Se debe exigir que toda investigación penal se lleve a cabo a través de procedimientos confiables y transparentes que permitan sancionar al responsable de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. 

Nota de Prensa sobre el incremento del 303% de denuncias por tortura en Nuevo León

MONTERREY, N.L., enero 25 (EL UNIVERSAL).- 

Las denuncias por tortura han registrado un incremento de 303% en Nuevo León, informó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza.

De septiembre a la fecha se han registrado 82 denuncias de este rubro, “donde 73 son del ámbito federal y estatal, mientras que el resto pertenecen al área municipal”, detalló la ombudsman.

Añadió que esta cifra, en comparación con otros meses, presenta un alza bastante considerable, por lo que incluso se ha reforzado el equipo destinado a esta área.

Minerva Martínez Garza dijo que existen denuncias por parte de policías municipales, estatales y aun de fuerzas federales.

La noche del martes, tres policías de Monterrey, con el rostro cubierto denunciaron ante los medios de comunicación que sufrieron torturas durante un operativo que militares y agentes estatales realizaron como parte del proceso de depuración de las corporaciones de Seguridad.

En conferencia de prensa conjunta con el procurador Adrián de la Garza y el vocero de Seguridad Pública, Jorge Domene Zambrano, la ombudsman anunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) abrió un expediente de oficio para investigar estos hechos, e invitó a los policías a presentar una queja ante el organismo.

“Hacemos un exhorto a estas personas que presentaron esta denuncia pública a que acudan a la comisión, que nosotros somos un organismo autónomo, que podemos hacer la investigación y lo estamos haciendo inmediatamente que nos dimos cuenta por los medios de comunicación de que existe esta denuncia”, manifestó.

Señaló que existe una pugna de los derechos humanos, entre quienes se dicen víctimas de policías y de policías víctimas de elementos de seguridad con mayor rango.

Reiteró el llamado a los policías agredidos, para que presenten su respectiva denuncia, “los policías al igual que el ciudadano común gozan de las garantías legales en torno a su seguridad, integridad física y sicológica”.

Señaló que en los últimos cuatro años, la CEDHNL realiza un trabajo autónomo a fin de garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la privacidad de los neoleoneses, sin embargo, manifestó su respaldo a las acciones del gobierno estatal para lograr una policía profesional, científica y que goce de la confianza y credibilidad ciudadana.

En la conferencia, el vocero de Seguridad advirtió que se actuará en consecuencia contra los detectives ministeriales que presuntamente participaron en las torturas de los policías de Monterrey; de lo contrario, actuarán en contra de una posible difamación.

Nota de prensa sobre caso de tortura a elementos de la Policía de Monterrey por Agentes Ministeriales

Denuncian policías de Monterrey tortura de Ministeriales

POLICÍA • 24 ENERO 2012 - 9:33PM — MILENIO.- JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

El objetivo de los Agentes Ministeriales era el de arrancarles una confesión por su presunta participación como halcones del crimen organizado alegaron los detenidos.

Monterrey • Elementos de la Policía de Monterrey denunciaron la noche de este martes haber sido torturados, robados y amenazados por agentes de la Policía Ministerial, que bajo presuntos engaños los llevaron para aplicarles una prueba de confianza en la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los tres elementos que fueron entrevistados en el interior de la sede de la Policía de Monterrey, en la estación Alamey destacaron que forman parte de un grupo conformado por 110 policías que aparentemente habrían sido también torturados.

El objetivo de los Agentes Ministeriales era el de arrancarles una confesión por su presunta participación como halcones del crimen organizado alegaron los detenidos.

Uno de los policías entrevistados destacó que hubo mujeres policías que también fueron agredidas a golpes en una sala de torturas de la Agencia Estatal de Investigaciones localizada frente a la zona donde se realizan las fichas de los detenidos.

Los tres pondrán una denuncia ante las autoridades competentes y aseguran que no dejarán de ser policías.

Entre los detalles que dieron los elementos policiales es que existe una sala de torturas en la Agencia Estatal de Investigaciones y que podrían identificar a uno de los Agentes que los torturó.

Personal de este municipio argumentó que hay un respaldo por parte de la corporación y que estos tres elementos representan a un grupo de veinte policías que quedaron en libertad este día.

Actualmente quedaron 85 aún en la sede de la Academia Estatal de Policía y cinco más a disposición de la Agencia del Ministerio Público por diversos delitos.

La acusación se da en el marco de cambio de mandos policiales y de la llegada de un militar a reforzar los trabajos de seguridad.

El municipio dará el día de mañana una rueda de prensa para fijar una postura en torno a lo denunciado.

Tortura en Nuevo León

La Tortura en el Estado de Nuevo León como parte de las herramientas para conseguir información y evidencia en las Investigaciones contra diversos delitos por parte de las Autoridades Procuradoras de Justicia es a la fecha moneda de uso común.


Actualmente y bajo el justificante de la mal llamada guerra contra la delincuencia, los procesos indagatorios se han visto minados de vicios y usos que bien podían asombrar hasta al mas sádico de los inquisidores de la antigua Nueva España. 


No es de todos desconocido que las tácticas y técnicas de acopio de evidencia e información por parte de nuestros Agentes Investigadores se basan casi en su totalidad a la aplicación de mecánicas de tortura, mediante las cuales se obliga al sujeto investigado a aceptar crímenes que no cometió.  


A la fecha los penales de la entidad se encuentran llenos de esas historias, personas que se vieron involucradas en investigaciones criminales por haber estado en el momento equivocado en el lugar equivocado o tener vinculo con la persona incorrecta.


Los mecanismos de Tortura utilizados en los sujetos investigados varían tanto como la imaginación del despiadado Agente Investigador le alcance.


Usando desde instrumentos simples como la ya conocida bolsa de plástico en la cabeza, golpes con objetos contundentes en las zonas blandas del cuerpo, inmersión en tanques de agua, choques eléctricos y demás que  resultaría aberrante describir. 


Pero la Tortura no solo ocurre de forma física cuando el detenido es sometido a los tratos antes mencionados, sino que comienza desde que el Agente Investigador aborda al Ciudadano.


Mediante engaños y amenazas, se logra someter a la victima a fin de acceda a acompañar a los Investigadores a donde luego se convertirá en la sala de juegos de estas perversas entidades. 


Tal proceder a la luz de la investigación científica legalista y protectora de los Derechos Humanos, resulta atentatoria a todos los principios establecidos de una Nación Democrática civilizada.


Acorde a los Principios rectores que devienen de nuestra Constitución Política Federal, todos gozamos en primer término de la presunción de inocencia, todos tenemos derecho a no ser incomunicados, a que nos asesore un abogado o persona de confianza, a no ser obligados a declarar en nuestra contra y a ser sometidos a un juicio justo, en donde se tenga la oportunidad de defensa, donde sepamos quien y de que se nos acusa y sea el acusador quien aporte las pruebas que comprueben tal imputación.


Es tan común hoy en día escuchar en los medios de comunicación que se detuvo a tal o cual persona y que solo hasta después de cierto tiempo se le permitió el contacto con su abogado o con su familia, que el ciudadano ya no alcanza a percibir que ese simple hecho que se esta narrando en el medio de comunicación ya constituye por sí mismo una Violación a nuestros Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales.


De nada nos sirve que los nuestros Agentes Investigadores fabriquen probanzas y obliguen a los acusados a inculparse cuando al paso del tiempo y mediante el juicio apropiado, se comprobara la inocencia, resultando así únicamente en la afectación de la vida de un inocente y en la impunidad del verdadero delincuente.


Fomentemos la utilización de Técnicas Científicas Forenses que robustezcan las acusaciones y el apego a Derecho y respeto a las Garantías consagradas en nuestra Constitución. 


Reprobemos y Denunciemos la Tortura y las Violaciones a nuestras Garantías Individuales y Derechos Humanos.    

Actualmente la Organización Estadounidense HUMAN RIGTHS WATCH mediante un comunicado de prensa dio a conocer su informe sobre México, destacando a Nuevo León entre los Estados donde más se vulneran los Derechos Humanos y más es empleada la Tortura en las investigaciones criminales. 


En dicho informe se da vista al Presidente Felipe Calderón Hinojosa de tales situaciones y se le insta a implementar las medidas respectivas para el cese de dichas practicas. 

ILEGALIDADES EN LA LEGALIDAD

Es increíble escuchar a nuestras Autoridades decir que se debe avanzar hacía una Procuración de Justicia donde las pruebas documentales y las evidencias científicas sean las que marquen la culpabilidad o inocencia de los acusados, es increíble oírles decir eso, no por el hecho de que  sea lo legalmente correcto, sino por el hecho de que esos parámetros a la fecha ya existen, actualmente, nuestra legislación ha incorporado a  sus letras la aplicación obligatoria de los Derechos Humanos y de todo aquel tratado que en esa materia haya firmado y ratificado el Estado Mexicano.

En esa tesitura es que el día de hoy jueves 24-veinticuatro de Mayo del año 2012-dos mil doce, el C. Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, diga en la reunión nacional de procuradores, que esa debe ser la linea a seguir, cuando en los momentos en que ejercitaba tal atesto, más de 30-treinta personas estaban siendo incomunicadas en las instalaciones de la Policía Ministerial a fin de ser investigadas sobre el homicidio de personas que asaltaron un autobús proveniente del Estado de Coahuila, al momento en que se publicitaba en los medios de comunicación el evento de los procuradores en nuestro Estado, al mismo tiempo se escuchaba el reproche de personas que entre abogados y familiares buscaban tener contacto con las personas incomunicadas  en la Agencia Estatal de Investigaciones AEI de Nuevo León.

Resulta irrisorio que nuestras Autoridades una vez más pretendan aplicar el estado de derecho con una mano, cuando con la otra no hacen más que vulnerar nuestras Garantías Individuales y Derechos Humanos.

Como es bien sabido, otro claro ejemplo de ello ha sido la detención e incomunicación de tres personajes de alto rango de las fuerzas armadas, Generales que en su momento fueron apoyo y ejemplo del Gobierno de la República en esta mal llamada "Guerra contra la Delincuencia", siendo visto por todo el país, fue publicado en los noticieros a nivel nacional, la incomunicación sufrida por esos altos mandos militares, ahora acusados de delincuentes.

No estamos  con ello diciendo que son inocentes, no se pretende con esto desmentir a la Procuraduría en su acusación; lo único de que se trata este análisis y critica al proceder de nuestras Autoridades, es de estarse siempre en apego a derecho.

¿Que pueden esperar los ciudadanos comunes cuando observan que personajes de alto rango militar son vejados en sus Derechos Constitucionales?

¿Que puede esperar el ciudadano cuando ve, que es practica común la violación de  Derechos Humanos y Garantías Individuales.

Con la incomunicación de los detenidos y posterior tortura y/o presión de aceptar la culpa y confesión del delito que se les impute no se resuelve el crimen.

Con estas practicas medievales lo único que se ocasiona es fomentar la delincuencia, que con conlleva a su vez a que aquellos que la ejercitan sean también calificados como delincuentes por nuestros Códigos Penales, es decir, que con ello, el justiciero se convierte en delincuente al incurrir en dichas practicas.

Los tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Nuestros Derechos Constitucionales, establecen que toda persona que sea acusada de un delito, no puede ser incomunicada, no puede ser obligada a declarar en su contra, debe ser asistida por un abogado o persona de su confianza, debe ser informada inmediatamente de su derecho a la libertad bajo fianza y a saber quien y de que se le acusa.

Los instrumentos que se han establecido a nivel mundial para fundamentar una acusación distan mucho del valor que en México se le da a una confesión.

Los estándares internacionales en materia de procesos penales marcan la validación de la imputación  por medio de pruebas científicas.

Así mismo, dichos estándares obligan a desechar toda confesión obtenida bajo tortura, intimidación e incomunicación.

De tal suerte que el día en que en nuestro país se eliminen por completo este tipo de practicas que en nada ayuda a construir un sistema de justicia legal, entonces, sera el día en que podremos decir que México es un país Democrático. 

Lo más sorprendente el día de hoy no fue el hecho de ventilar a nivel público las ilegalidades de la Procuración de Justicia, lo más sorprendente fue ver que ninguno de los medios de comunicación dijo algo respecto a la sistemática violación a los Derechos Humanos que día a día ejercen nuestras Autoridades.

Por desgracia la desinformación de los conductores de noticieros y la falta de asesoría al respecto, aunado a la falta de cultura legal en la sociedad, nos ha llevado a observar tales violaciones constitucionales sin el menor asombro, critica o reclamo.

Difundamos la cultura de la legalidad tanto para nuestra sociedad civil como para nuestros Servidores Públicos y medios de comunicación,  hagamos de Nuevo León y de todo México un mejor lugar para vivir.

Saludos. 

Procesos Penales y Tortura en México

(foto:conferencia sobre tortura y procesos penales dentro de la serie fabrica de culpables en el Proceso Penal. Universidad Autónoma del Noreste UNE. Saltillo Coah.)

La tortura en nuestro país se ha convertido en uno de los métodos mayormente utilizados en los en los procesos investigativos en el Estado Mexicano, desde hace varias décadas esta practica ilegal e inhumana se ha visto desarrollada en la practica durante las investigaciones en todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

El mayor problema al que nos enfrentamos al tratar de erradicar la practica de la tortura en México, es la falta de profesionistas calificados para su investigación, documentación y posterior denuncia.

Aunque nuestro país es suscriptor de tratados internacionales contra la tortura, la realidad que se vive en las demarcaciones policíacas y de procuración de justicia es otra. Actualmente la utilización de mecanismos de tortura es cotidianamente aplicada en las investigaciones de delitos, dejando de lado el uso de técnicas científicas de entrevista y perfilación criminal mundialmente reconocidas y validadas en estudios y estándares policiales de investigación.

Nuevo León fue uno de los primeros Estados de México que signo la aplicación del Protocolo de Estambul, herramienta creada por un grupo de médicos defensores de los Derechos Humanos, estableciendo una serie de pasos y pruebas que sirven para acreditar actos de tortura sufridos por un individuo.

Trabajando en el durante 3 años, más de 40 Organizaciones de todo el mundo, siendo implementado en México entre Marzo de 2003 y Marzo de 2005.

La legislación internacional define la tortura como: ""tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Convención Contra La Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes ONU.

Actualmente encontramos acorde a los diversos estudios estadísticos realizados por parte de Organizaciones Defensoras de la Sociedad Civil y Naciones Unidas que La tortura es utilizada en aproximadamente un 97% de los casos a fin de obtener una declaración de aceptación de culpa por parte del indiciado, a la cual se le denomina confesión. En el otro 3% es utilizada como medio represivo o de castigo para que la víctima, generalmente internos de los Centros de Readaptación Social hagan o dejen de hacer algo.

La mayor problemática en este asunto, resulta deveniente de los criterios jurisprudenciales establecidos por nuestra la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre las cuales podemos citar algunas a forma de ilustración:

DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, APRECIACIÓN DE LA.

"Es absurdo decidir que hubo coacción o violencia cuando el acusado declaró ante el Ministerio Público y cuando produjo su preparatoria, si no existen pruebas, ni presunciones que la hagan inverosímil, y sí, por el contrario, datos que la corroboren, como la denuncia de la ofendida y las declaraciones de algunas personas."

CONFESIÓN. PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO.

"La confesión tiene pleno valor probatorio de acuerdo al principio de inmediación procesal, porque fue producida por el acusado sin aleccionamiento o reflexiones defensivas y por ello debe prevalecer sobre las posteriores; tanto más si fueron emitidas al día siguiente de ocurridos los hechos delictuosos."

De lo que podemos concluir que aunque hemos venido avanzando en materia de modernización en el sistema de justicia penal, siguen existiendo criterios que propician el uso de la tortura como medio para la obtención de una confesión.

Recomendamos como herramientas de eliminación de la practica de la tortura, su eficaz denuncia y documentación; la preparación de personal calificado para la recavación de pruebas y la implementación de criterios legales que erradiquen de plano el valor de la confesión en México.

Continuemos nuestra profesionalización a fin de establecer un ambiente de respeto a nuestros Derechos Humanos y Garantías Individuales.

La obtención de un fallo condenatorio basado en evidencia científica, siempre será indicio de un estado de seguridad democrática.

La obtención de condenas basadas en tortura y elementos probatorios falsos, siempre será indicio de una sociedad retrograda y autoritaria.

Es tiempo de respetar nuestros Derechos y los de los demás, es tiempo de cientifizar a nuestros cuerpos de seguridad, es tiempo de implementar los Derechos Consagrados en nuestra Constitución recién traídos de los tratados garantes de nuestros Derechos Humanos.