jueves, 22 de enero de 2015

Unidos por los Derechos Humanos

foto: Licenciado Leonel Jasso, Nick Steinbergh de Human Rigths Watch y Licenciada Silvia Puente 3a Visitadora de la CEDH NL. 

Aunque ha sido ardua la labor de la defensa de los derechos humanos, gracias a las alianzas con personas comprometidas con esta causa, hemos podido conseguir la libertad de personas que han confiado en nuestro profesionalismo y dedicación. llevando al pueblo neolones cada vez mas cerca de la consecucion plena del estado derecho en el respeto de las garantías consagradas en nuestra constitución y los derechos humanos derivados de los tratados internacionales.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho esto posible y que nos acompañado en éste caminar. 

No puede haber justicia ni democracia sin respeto a la Ley.  

miércoles, 25 de junio de 2014

Acertada decisión de la Suprema Corte de Justicia de México

La Suprema Corte de Justicia resolvió hoy que los congresos de los estados no pueden legislar en materia de delincuencia organizada, un tema que queda reservado para el Congreso federal.

La resolución fue apoyada por unanimidad en el pleno de la SCJN, declarando la invalidez de una porción del Código Procesal Penal de Nuevo León, reformado en 2013, que ordena prisión preventiva forzosa para los acusados por delincuencia organizada.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del proyecto de sentencia, había propuesto el jueves resolver que los Estados sí tenían ciertas facultades en esta materia, derivada de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero la mayoría de ministros rechazó esta idea, por lo que Zaldívar presentó hoy cambios al proyecto.
“La (competencia) de la materia de delincuencia organizada es eminentemente federal y no deja lugar a distribución de competencias al ámbito local, ni competencias residuales, la Ley contra la Delincuencia Organizada es una ley federal y no una ley general, independientemente de lo que la propia ley pretenda regular”, señaló José Ramón Cossío.
El Congreso de Nuevo León admitió ante la Corte, durante el trámite del juicio, que el término “delincuencia organizada” fue incluido por un error, ya que sólo querían referirse a la agrupación delictuosa, una modalidad que tiene implicaciones mucho menos serias.
La reforma penal de Nuevo León fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Corte discutirá esta semana otros temas relevantes, como la restricción de comunicaciones de acusados o condenados con terceros, salvo su defensor; la prisión preventiva forzosa por delitos no previstos en el artículo 19 de la Constitución, y la obligación de los testigos de acreditar su identidad mediante prueba de ADN en casos de secuestro.
Con información de Reforma.
**Nota publicada el 23 de junio de 2014.


lunes, 3 de marzo de 2014

JOVEN MADRE DE FAMILIA ACUSADA INJUSTAMENTE OBTIENE SU LIBERTAD

 
Una joven mujer inocente, logro obtener su libertad tras un año y medio de estar detenida en el penal de Topo Chico en Nuevo León.

Tras una lucha de un año y medio, ANA una joven madre de familia que fuera acusada de delitos contra la seguridad de la comunidad, delitos cometidos contra las instituciones oficiales y delincuencia organizada obtuvo este pasado viernes veintiocho de febrero la libertad, misma que le fuera comunicada pasadas las diez horas de la noche.

ANA quien fuera detenida al interior de su domicilio en la zona citricola del Estado, fue privada de la libertad por agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia, siendo llevada a terrenos baldíos para ser torturada y aceptar su participacion en los hechos que le imputabán.

Tras conseguir una recomendación favorable en la CEDH, y luego de ganar una apelación ante una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia que le quito el delito cometido contra la seguridad de la comunidad; Protección Jurídica Monterrey consiguió mediante el recurso de amparo en revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, eliminar el delito cometido contra las instituciones oficiales y servidores públicos, quedando restante el delincuencia organizada que se combatio mediante el juicio de origen ante el juez de esa localidad, mismo que otorgo la libertad de la joven madre de familia, que tras haber pasado más de un año y medio en prisión, luego de su ilegal detención en su domicilio, fuera victima de abusos por parte de elementos policiacos para obtener su confesión. 

Así una vez más hemos conseguido traer justicia al pueblo neolones, luchando por recuperar la libertad de una persona detenida y acusada injustamente. 

Ahora resta continuar en la lucha por el resarcimiento de sus derechos humanos y garantías individuales violentados así como de la indeminzación correspondiente por parte del Estado, tal y como lo enmarca la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las leyes mexicanas.

Agradecemos el apoyo de las organizaciones civiles:  Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos CADHAC; al Observatorio Mexicano de Derechos Humanos OMDHAC; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por todo el apoyo brindado durante la tramitación del proceso. 

Celebramos la decisión de los tribunales  estatales y federales por el respeto a los derechos humanos en el reconocimiento mediante sus resoluciones de la inocencia de una persona acusada injustamente.
 
Gracias a todos los que de una u otra manera apoyarón esta noble y ardua tarea. 

Lic. LEONEL JASSO. 

viernes, 2 de agosto de 2013

Reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León con personal de Naciones Unidas

 (foto: Lic. Leonel Jasso PJM , Lic. Minerva Martínez CEDH y Lic. Jorge Alberto Nava ONU)

El Pasado 30 de julio de 2013 llevamos a cabo una reunión con personal de la Organización de las Naciones Unidas, durante la cual acercamos a familias de personas víctimas de tortura y abuso de autoridad que actualmente se encuentran procesadas bajo acusaciones cuestionables y en donde la prueba más contundente lo es su confesión, misma que acorde a los dictamenes medicos y psicológicos practicados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha determinado fue obtenida bajo tortura.

Es en esa tesitura que Protección Jurídica Monterrey, a lado de organismos de la sociedad civil como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos (OMDHAC), ha emprendido una lucha por hacer respetar los Derechos y Garantías de cada uno de los mexicanos en este nuevo esquema garantista instaurado a partir de la reforma al articulo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se desprende la obligación de todas las autoridades en su ambito de competencia, de respetar los Derechos Humanos y los criterios internacionales que los contengan. 

Durante la reunión se trataron temas como la legalidad en los procesos penales y en la acusación, así como la obtencion de pruebas de forma lícita por parte del Ministerio Público. 

Así mismo, se estableció un marco de apoyo para peticionar al Poder Judicial se apegue a derecho en la calificación y valoración de pruebas.

Se establecio un grupo de apoyo para velar por el respeto al principio de inocencia que rige toda acusación y proceso penal, se establecio además la importancia de la observación y acatmiento a los líneamientos que marca la legislación internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otras, tal y como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia.

Así se continuan dando pasos hacia delante en este camino del Derecho y las Ciencias Jurídicas, tratando de hacer de este un mejor país. 

Agradecemos el apoyo de las familias que nos acompañaron en esta importante reunión así como a todo el personal de la CEDH NL;  de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;  y de las organizaciones civiles CADHAC y OMDHAC. 

Gracias.
 

jueves, 7 de febrero de 2013

TORTURA EN NUEVO LEÓN


Ministeriales, a cargo del procurador Adrián de la Garza, forman la agencia más torturadora

“Me dijo: Mami, nos obligaron a firmar algo, nomás me acuerdo de un carro verde”, cuenta Velia Domínguez, madre de Ana Luisa Garza Aguilar Domínguez, sobre la primera noción que tuvo su hija del motivo de su detención arbitraria y tortura hace poco más de seis meses en Allende, Nuevo León.
El objetivo era obtener una confesión que le fincara responsabilidad sobre el delito de halconeo. Es ya costumbre de las policías, el Ejército y la Marina el torturar a los detenidos para arrancarles alguna confesión.
Los casos de tortura se han incrementado 300 por ciento en Nuevo León, según organizaciones de derechos humanos, y no parece avizorarse un cambio, a pesar de que las confesiones han perdido peso como pruebas en los procedimientos penales.
En los últimos seis meses del año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 23 recomendaciones al gobierno de Rodrigo Medina sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; de las cuales, 20 están dirigidas al procurador Adrián de la Garza por la actuación de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a su cargo. La AEI está considerada como la policía más torturadora en el estado.
Aunado a esto, la guerra contra las drogas llega como circunstancia que legitima la práctica para ciertos sectores de la sociedad, dado el prejuicio de que a quienes se les tortura son criminales que aportarán información valiosa para la detención de los grandes capos o para salvar vidas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer al final del sexenio de Felipe Calderón el incremento en la violación de las garantías individuales, ya que los casos de tortura crecieron 500 por ciento y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en todo el país.
Paradójicamente, la necesidad de frenar la práctica de la tortura como técnica de obtención de información, fue uno de los motivos principales para la creación de organismos de promoción y defensa de derechos humanos en este país hace 20 años.
Según Ninfa Delia Domínguez, actual integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “No tiene caso utilizar ya la tortura puesto que la declaración (del/de la detenido/a) no es suficiente para que se finque responsabilidad.”
Sin embargo, la realidad es otra. Presos en los distintos penales del estado han ofrecido sus testimonios sobre la forma en que fueron torturados, particularmente por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a cargo del Procurador Adrián de la Garza.
Nuevo León fue el primer estado en donde se aplicó el Protocolo de Estambul, que es el procedimiento para detectar las huellas de tortura que todo médico está obligado a llevar a cabo cuando las personas agraviadas lo solicitan.
La práctica actual de la tortura está más bien ligada a otras partes del proceso del acusado o la acusada. Se evidencia con mayor fuerza que es violatoria de los derechos humanos, enfatizó la también ex funcionaria de la Procuraduría General del Estado.
El abogado Leonel Jasso, asesor técnico del Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, reporta que la tortura se utiliza de manera institucionalizada por agentes del Estado:
“En la etapa de investigación (es cuando) las autoridades utilizan estos métodos con fines de autoincriminación”, dijo, siendo un trabajo que realizan, entre otros, los ministeriales.
El uso de la asfixia por inmersión simulada sigue siendo uno de los principales modos de infligir malos tratos a los y las detenidas. También lo es la privación del sueño y la tortura psicológica.
A Ana Luisa, por ejemplo, le dijeron que matarían a sus hijos si no firmaba la confesión que la incriminaba como “halcona” de los Zetas, grupo del crimen organizado con presencia en la zona citrícola.
Cruenta verdad
Para escuchar una narración de los hechos, me recibe Velia Domínguez con sus dos nietos, Byron y Cassiel. Los niños están jugando y la abuela trata de cuidarlos al tiempo que me va contando la historia de la detención y tortura de su hija.
“Sueño pesadillas” me dice ella, pero también las sueña su yerno. “¡La bolsa! ¡La bolsa!” lo ha escuchado gritar en las noches. Su transitar ha estado marcado por el rechazo de abogados que se rehusaban a defender a su hija.
Pero a Velia, más que preocuparle el “qué dirán” le mortifica “pensar en todo el dolor que están sintiendo”.
Cuando vio a su hija varios días después de la detención arbitraria, la percibió como un bebé pidiendo ayuda. “¿Qué hago para que no le vuelvan a hacer daño?”
No hay truco en la defensa que la exima del delito de halconeo mas que probar que la confesión fue extraída a través de la tortura y esta se comprueba a través del Protocolo de Estambul.
Jasso explica: “Sobre la confesional es sobre lo que se han basado la mayoría de las acusaciones (actuales)… cosa que no ocurriría si se respetara el Estado de Derecho.”
Es decir, existe una situación estructural que propicia este modo de actuar por parte de las policías, la cuota de detención que deben cumplir.
Pero la tortura no es el único modo de llegar a sacarle al presunto responsable una confesión que conduzca a su detención.
“A la fecha existe demasiada ciencia forense, hay técnicas de investigación, técnicas de interrogatorio, técnicas de entrevista, mediante las cuales una persona puede determinar si el sujeto entrevistado se está conduciendo con mendacidad.”
Coinciden tanto el abogado como la madre de la víctima que bastaría con una buena recolección de evidencia para llegar a la verdad de los hechos delictivos.
Si bien implica más trabajo y tiempo, evitaría que se violaran los derechos humanos, sin olvidar las consecuencias permanentes que tienen para la vida de las víctimas y sus familias.
La madre de Ana Luisa habla de que el proceso no terminaría con la liberación y exoneración de su hija, sino que tendrá que cambiar de domicilio y atender las huellas del trauma de sus hijos. No piensa volver a Allende, el sitio de su detención. No puede confiar en los policías ni en las autoridades, les han dañado  mucho, y sin otro motivo que el de cumplir con una cuota de chivos expiatorios para un operativo de seguridad.
Silvano Cantú, asesor jurídico de la Campaña Nacional Para Prevenir la Tortura del INSYDE (Instituto Para la Seguridad y la Democracia, A.C.) insiste que la tortura como práctica habitual ha devenido un sistema de doblegamiento para el control social. Los operativos de detención masivos como en el que detuvieron arbitrariamente a Ana Luisa reflejan que hay una dosis de saña en la manera de torturar.
El mensaje que da la práctica según Cantú es: “tu vida está a mi disposición.”
Los torturadores laceran la dignidad de las personas, y muestran un despliegue de barbarie que no les hace muy distintos de los ‘criminales’ a los que tratan de detener.
Finaliza Jasso: “No podemos convertirnos en monstruos para cazar a un monstruo porque (entonces) seríamos el monstruo nosotros”.

martes, 25 de diciembre de 2012

"EL ARRAIGO ATENTA CONTRA EL DERECHO A LA LIBERTAD Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"


Sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables: afectado
El arraigo atenta contra el derecho a la libertad y la presunción de inocencia
Suele ser combinado con tortura y otros recursos ilegales
Foto
Centro de mando de la policía en Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 11
Al joven estudiante Marcelo Laguarda Dávila lo mantuvieron arraigado 55 días en las oficinas de la Policía Ministerial de Nuevo León acusado de homicidio; lo torturaron y finalmente confesó un asesinato que no cometió, según Human Rights Watch. Fue sentenciado a 42 años de prisión.
Su caso ha sido emblemático para las organizaciones de derechos humanos que denuncian la ilegalidad de la medida de arraigo, una forma de detención arbitraria, que atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, algo que permite, primero detener, y luego investigar. El arraigo sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables, dice llorando Marcelo Laguarda, en el pabellón de visitas del penal de Topo Chico, donde está preso desde hace más de dos años.
Ante el lleno total y el sobrecupo que registran las casas de arraigo, el gobierno de Nuevo León planea incluso aumentar el número de lugares o bien ampliar las tres casas ya existentes con capacidad máxima para 180 personas: Tenemos ya en lo que va del año las casas de arraigo con alrededor de 150 personas que están en proceso; esto es movible, según se van consignando pues se van desalojando y caen nuevas bandas, dijo el vocero de seguridad, Jorge Domene, al referir la gran cantidad de supuestas bandas detenidas con hasta 30 personas.
La decisión de reforzar el arraigo contrasta con otros estados de la República como Oaxaca o Chiapas, donde esta medida ha desaparecido, en coincidencia con un movimiento nacional que pretende eliminarlo del fuero federal.
El arraigo es el principal instrumento represor del Estado mexicano y fomenta otro tipo de violaciones de derechos humanos como la tortura, las acusaciones sin pruebas, utilizando testigos protegidos y amenazas. Es el mayor ejemplo de la arbitrariedad del poder, en el sistema de justicia penal de presuntos culpables que tenemos, dice Octavio Amezcua, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), al afirmar que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron arraigadas 7 mil personas a escala federal, con un promedio anual de mil 640 personas afectadas y una tasa de incremento de 100 por ciento.
De 2009 a 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil quejas por violaciones a las garantías individuales en relación con órdenes de arraigo, particularmente detenciones arbitrarias y tortura: Qué mejor ejemplo que tener detenida a una persona hasta por 80 días, con todas los daños que implica para su imagen y su riesgo personal, sin ninguna prueba concreta que la incrimine, comenta.
“El de la voz con acento exclamó: ‘ahora resulta que eres un policía honesto’, colocando nuevamente la bolsa plástica sobre mi rostro hasta perder el conocimiento. Sólo podía escuchar ‘para mí eres sicario, y si tienes muchos huevos, aquí te los cortaremos, hijo de tu puta madre. Eres muy leal al cártel. Ojalá te mueras, nadie sabe dónde estás. ¿Qué te cuesta cooperar, pendejo?’ Ya no escuche más, desperté orinado.”
Es el testimonio de Luis Alberto Toledo Coello, uno de los 25 policías municipales de Tijuana que fueron arraigados durante 50 días en un cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, denominado El Aguaje de la Tuna, acusados de delincuencia organizada por orden del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez.
Los otros dos soldados que estaban arriba de mi cuerpo empezaron a golpearme en las piernas y en la panza, gritándome que a ellos no les importaba que yo me muriera, ya que nadie de mi familia sabía en dónde estaba, señala Manuel Adelmo Olivas Coss, otro de los policías arraigados.
Los 25 denunciaron todo tipo de torturas por parte de militares durante su arraigo:“Después de varios golpes sentí cómo me colocaban sobre la cara una bolsa de plástico, con la cual me cortaban la respiración, y lo repitieron en tres ocasiones. Después nuevamente me dijeron: ‘Mira, cabrón, no la juegues porque la vas a pasar muy mal. El juego es simple: o declaras lo que queremos o te matamos y te tiramos por allí para que crean que fue la maña…’”, cuenta Miguel Ángel Mesina López.
Los policías arraigados recibieron amenazas de muerte para conseguir confesiones y les hicieron firmar declaraciones que no les permitieron leer; incluso algunos firmaron documentos en blanco para autoincriminarse. De acuerdo con los testimonios y el informe que será presentado ante la CIDH, al que ha tenido accesoLa Jornada, Leyzaola Pérez ordenaba la tortura y su duración y tres agentes ejecutaban los tormentos físicos y sicológicos.
Los sobrenombres de dos de los agentes martirizadores son El Tortas El Matute, este último identificado como el principal torturador, a quien además sus víctimas identificaron como escolta del comandante de la II Zona Militar. Durante las torturas, un médico se encargaba de resucitar a los torturados; se trata del teniente Fernando Coaxin Hernández, director de sanidad del cuartel militar.
Después de los 55 días, se les dictó auto de formal prisión y los enviaron al penal de Nayarit. De los 25, 13 apelaron del auto y salieron libres luego de un año y cinco meses de cárcel, mientras los 12 restantes, sin capacidad económica para pagar un abogado, finalmente fueron liberados tres años y medio después. La CNDH emitió una recomendación.
Todos recibieron una sentencia absolutoria, señala Amezcua, de la CMDPDH, que asumió el caso y lo presentará en unos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una demanda de 200 páginas con distintas violaciones de derechos humanos, pero lo más grave es la utilización de la figura del arraigo, y consecuentemente la tortura. También exhibimos la ineficacia de los amparos contra el arraigo.
El caso de los 25 policías municipales de Tijuana incluye los testimonios de seis de ellos que fueron brutalmente torturados, aunque todos fueron vendados, atados, colgados y tableados: De momento me dejaron de asfixiar y empece a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y calzoncillos y sentí cómo metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua, estando yo de pie y con las manos atadas colgando, y en esos momentos empece a escuchar como chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos, señala Samuel Alonso Ureña Varo.
En 2008, Felipe Calderón elevó el arraigo a rango constitucional, pero en los transitorios de la reforma se estableció que los arraigos locales podían seguirse implementando hasta 2016, algo que se hace con absoluta borrosidad, lo cual, según Amezcua, no permite cuantificar a escala nacional el daño ocasionado: No hay cifras. No sabemos cuántos arraigos hay en cada estado. Además, las cifras de la PGR y las del Poder Judicial no cuadran. Las autoridades esconden las cifras.
La figura del arraigo es actualmente cuestionada por el procurador Jesús Murillo Karam, como parte de un proceso de restructuración que pretende revisar esa herramienta jurídica y la del uso de los testigos protegidos. En dos años hubo más de 3 mil 800 mexicanos que fueron arraigados injustamente.
En la Cámara de Diputados grupos políticos de diverso signo se han manifestado recientemente por suprimir la figura del arraigo porque es un instrumento que ha fallado debido a que sólo 20 por ciento de los presuntos culpables fue sentenciado, según ha dicho la perredista Aleida Álvarez, vicepresidenta de la mesa directiva de San Lázaro.
Primero te detengo y luego te investigo, dice el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano: La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada, y lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno: simplemente se le ha privado de la libertad.
Para el abogado Amezcua será difícil que el procurador Murillo Karam termine con la práctica de la figura del arraigo: No creo que la eliminen de un día para otro. Es una práctica muy arraigada en los ministerios públicos. Ya están acostumbrados.

Sanjuana Martínez
Periodista

lunes, 8 de octubre de 2012

Creció mil por ciento la tortura durante el sexenio de Felipe Calderón: ONG

LA JORNADA

publicación del día 07-Octubre-2012


Ejército, Marina y policías la practican constantemente, afirman las organizaciones


    Creció mil por ciento la tortura durante el sexenio        de Felipe Calderón: ONG

“Eres halcona; firma lo que te diga”, dijeron policías de Nuevo León a Ana Luisa mientras la golpeaban y amenazaban

Presentará AI en breve un informe sobre la situación en México

Reportera: Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 7 de octubre de 2012, p. 12

Sólo hay una forma de que salgas de aquí: firma lo que yo te diga, si no ya sabes lo que te va a pasar. Vamos a ir por tus hijos para matarlos, le dijo un policía vestido de civil pero con chaleco de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a Ana Luisa Garza Aguilar, luego de tres días de cautiverio y torturas. Ella no lo dudó, inmediatamente firmó la declaración donde aceptaba ser halcona de Los Zetas.

Permanece de pie, a un lado de las rejas de entrada del penal de Topo Chico. Ha estado tres meses presa y le tiemblan las manos cuando recuerda el martirio al que fue sometida por los ministeriales en la sede de la AEI: “Me ponían bolsas de plástico en la cabeza. Me gritaron: ‘¡coopera; vas a cooperar! Dinos nombres. ¿Qué has escuchado? ¡Tú eres halcona! Conoces a un tal Luca y trabajas para él. Eres su amante. Te lo coges. Tenemos un video donde estás con él en un motel. ¡Eres una puta!’”.

Relata que estaba esposada, con los ojos vendados y yacía en el suelo. Un sujeto se subió en ella y otros dos la sujetaron de los brazos, le jalaron el cabello y le pusieron bolsas de plástico, al mismo tiempo le dieron puñetazos en piernas, costillas y brazos... A punto de asfixiarse y casi desmayada, le dijeron: “Dános tu clave de Facebook; estuviste chateando con él; encontramos su contacto en tu celular. Eres halcona”.


Ana Luisa accedió a todo para detener el tormento. Estuvo 15 días arraigada. Después de firmar ante un juez, que no dijo nada al verla visiblemente golpeada, le pusieron un chaleco naranja y fue presentada junto a otras personas a los medios de comunicación y ante una mesa con droga, armas y celulares supuestamente incautados: “Caen 52 halcones de Los Zetas tras operativos en Nuevo León”, dijeron las autoridades.

Amnistía Internacional presentará el próximo 11 de octubre su informe: Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y malos tratos en México, que documenta casos de complicidad de funcionarios públicos y del crimen organizado en actos de tortura.

Práctica común

En seis meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha emitido 23 recomendaciones al gobierno de Rodrigo Media sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; de las cuales, 20 están dirigidas al procurador Adrián de la Garza por la actuación de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a su cargo.

En Nuevo León la tortura está institucionalizada, dijo de entrada el abogado Leonel Jasso, del Observatorio de Derechos Humanos, en una visita a las cárceles dominadas por el crimen organizado. Es una constante en casi todas las averiguaciones en la primera etapa. Hemos comprobado que los más torturadores son los ministeriales, los de la Agencia Estatal de Investigaciones tienen el primer lugar. Hay cientos de casos. Encontramos personas golpeadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La constante son golpes en el dorso y las piernas; y la utilización de bolsas de plástico con el fin de simular la asfixia y obtener la confesión.

Esa práctica es utilizada por varios cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina en todo el país, señaló Javier Enríquez Sam, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad: En el sexenio de Felipe Calderón ésta aumentó mil por ciento. Fabrican delincuentes. La clave de la permanencia y el aumento de esos actos es la impunidad. Nunca se ha juzgado a un torturador en este país.

Según su reciente informe, En nombre de la guerra, contra la delincuencia, el incremento de la tortura por autoridades se registró en estados del norte del país, particularmente contra jóvenes, muchos de ellos inocentes que fueron arrestados y atormentados para luego incluirlos en un show mediático: Se violenta su derecho a la inocencia. La tortura es brutal; les deja huellas físicas y su sique dañada con severos traumas.

Ana Luisa confirmó los alcances de las secuelas de la tortura que sufrió esos meses: padece dolores de cabeza, pérdida de peso, pesadillas, insomnio, angustia, depresión... Llora frente a los policías que nos vigilan en el penal de Topo Chico, hombres mal encarados que estuvieron en alerta durante la charla, debido a la situación que padecen los reos en un penal dominado por Los Zetas.

Tiene 24 años, es de baja estatura y delgada, portaba un pantalón de mezclilla y una camiseta de manga corta. Lleva el cabello cobrizo a medio pintar, la raíz negra. Mueve las manos nerviosamente; en sus uñas se observa el desgastado esmalte azul. Se enjuga las lágrimas y tiembla cuando recuerda el suplicio.

Era la una de la tarde del 11 de junio, cuando unas siete camionetas se estacionaron afuera de su casa, en el municipio de Allende. Un grupo de hombres encapuchados, portando armas largas y con chalecos de la AEI, entraron violentamente a su domicilio. Sin orden de cateo, ni de detención, primero se llevaron a su esposo. Una hora después volvieron por ella. Le quitaron su celular, la esposaron y vendaron. La tortura empezó desde el primer momento, durante el trayecto: “Me preguntaban por Luca, un tipo con un sobrenombre, con el que había chateado por Facebook y a quien nunca conocí. Les dije que estuve chateando con él hacía unos tres meses, pero le dejé de escribir y no supe más de él. Luego me pegaron en las piernas con el puño cerrado y me ponían una bolsa en la cabeza hasta el cuello para asfixiarme, me estiraron el cabello. Yo sentía que me moría”.

De pronto se le cayó la venda de los ojos y pudo verlos. El vehículo se estacionó en el estanque de San Emilio y observó cómo en las otras camionetas traían más personas que bajaron y los sentaron en el suelo, la mayoría, jóvenes: También los torturaron; gritaban, pedían auxilio y los policías nos trataban con puras palabras obscenas.

Fueron horas de infierno. Por la noche la llevaron a la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, dirigida por Adrián de la Garza Santos.

Le tomaron fotos y por un rato la dejaron sin venda. Luego, la llevaron al auditorio Garza de la Garza de la AEI donde había mucha gente tirada en el suelo, con los ojos vendados, una especie de cámara de tortura con decenas de verdugos: “Estaban torturando a la gente. Se oían muchos gritos, golpes... Me golpearon y amenazaron otra vez: ‘te vamos a matar, te vamos a desaparecer; vamos a matar a tus hijos, di que eres halcona!... ¡Confiesa! ¡Coopera! Vas a firmar o te va a llevar tu chingada madre’”. Aguantó tres días de tortura, sin comer ni dormir. Luego cedió.



Síndromes comprobados


El caso de Ana Luisa fue asumido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), dirigida por Minerva Martínez. El expediente incluye fotos de los golpes, exámenes médicos que comprueban la tortura y evaluaciones sicológicas que demuestran el trastorno de estrés postraumático aplicado con base en el Protocolo de Estambul.

En la cárcel, sigue padeciendo trastorno severo de ansiedad y depresivo. La recomendación de la CEDH no ha sido asumida por ninguna autoridad estatal. No se ha enjuiciado a los torturadores, ni tampoco hay reparación del daño. La comisión aclaró que Ana Luisa necesita ser atendida por un siquiatra y recibir un tratamiento sicofarmacológico que no le fue autorizado en prisión.

Pese a su inocencia sigue presa: La tortura se ha demostrado, su declaración firmada queda completamente invalidada. La tortura es generalizada, todos las autoridades de seguridad la aplican. Y se comprueba la necesidad que tiene el Estado de obtener estadísticas de detenidos y condenas, sin importar cómo, explicó Jasso con años de experiencia en derechos humanos.

Enríquez Sam coincidió: ¿Cómo justifica el calderonato tanto Ejército, tanta Marina y tantos policías en la calle si no hay responsables? Fabricando delincuentes. Incluso les piden cuotas de detenidos para demostrar que están cumpliendo. Y ese es el resultado: más tortura y cientos de inocentes en las cárceles de México.
  

martes, 24 de julio de 2012

En una guerra contra las drogas, las fuerzas mexicanas acusadas de abusos.


En una guerra contra las drogas, las fuerzas mexicanas acusadas de abusos
por JASON BEAUBIEN National Public Radio. USA.

Los soldados mexicanos en una ceremonia en Ciudad Mier a principios de este mes. Las ramas militares y otras de las fuerzas de seguridad han combatido a los cárteles de cinco años. Mientras que la mayoría de la violencia es culpa de los cárteles, grupos de derechos humanos dicen que las fuerzas de seguridad también han sido vinculados a los abusos.

20 de diciembre 2011
En México, los últimos cinco años de guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón han estado marcados por la violencia brutal, los secuestros no resueltos y decenas de miles de muertes. La mayor parte de la violencia ha venido de las bandas de narcotraficantes, pero algunas de estas atrocidades han sido cometidas por el ejército mexicano y la policía.
Los grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad del Estado combatir a los cárteles de la droga, que han torturado, secuestrado y asesinado a presuntos delincuentes y civiles, incluso inocente.
La ciudad de Sabinas Hidalgo se ha quedado atascado en la árida meseta del norte de México, aproximadamente a medio camino entre el polo industrial de Monterrey y la frontera con EE.UU..Es un lugar que muchos mexicanos abandonen a favor de tratar de encontrar el norte de trabajo de Río Grande.
El verano pasado, de 22 años de edad, taxista Jesús Víctor Llano Muñoz también estaba considerando hacia el norte, sino que fue detenido por la Armada de México y no se ha sabido nada desde entonces.
El 23 de junio, un grupo de infantes de marina mexicanos buscaban el motel San Ángel en Sabinas por presuntos narcotraficantes cuando Jesús Víctor sacó su taxi en la entrada del motel.
Su padre, también un taxista llamado Jesús Víctor Llano, se encontraba estacionado en una parada de taxis cruzando la calle.
"Mi hijo acababa de dejar a algunos pasajeros de su taxi", dice Llano, cuando los infantes de marina ordenó que Jesús Víctor en la parte trasera de una camioneta militar color gris.
Llano dice que le rogó a uno de los oficiales para que su hijo vaya. , Recuerda el oficial bruscamente diciéndole que si su hijo le había hecho nada malo, pronto se lo había comunicado.
Pero entonces empezó a manejar los infantes de marina de la playa de estacionamiento. Llano dice que corrió junto a la caravana de camionetas, gritando: "¡yo darle a mi hijo Detener Dame mi hijo" Pero siguió su camino, y que fue la última vez que lo vi ", dice.
La Armada de México no sólo dice que ellos no tienen a Jesús Víctor, dicen que nunca fue detenido. Funcionarios de la Armada no respondió a los repetidos llamamientos de NPR sobre el caso.
La Armada de México, junto con el ejército, ha estado involucrado en operaciones de rutina de control de drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles en 2006.
Llano dice que ha visitado comisarías, prisiones y cuarteles militares, pero seis meses después de que su hijo fue llevado lejos en una camioneta militar, no se le puede encontrar en cualquier lugar.
Desapareciendo a manos de las fuerzas de seguridad?
En los últimos cinco años de la guerra contra las drogas, más de 40.000 personas han muerto en violencia relacionada al narcotráfico, y miles han desaparecido. La mayoría de los desaparecidos fueron secuestrados por bandas criminales, pero la comisión humanos en el país los derechos de cientos dice también desapareció tras ser detenido por las fuerzas de seguridad.
En noviembre, los Derechos de Nueva York, Human Rights Watch publicó un informe que documenta más de 200 casos de secuestro, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y la policía.
Nik Steinberg, investigador de México y Cuba de Human Rights Watch, dice que las investigaciones por las autoridades mexicanas en estos supuestos abusos a ninguna parte.
"Y el mensaje que envía a las fuerzas armadas, de policía a nivel federal, estatal y local es la siguiente: Usted puede hacer lo que tiene que hacer, siempre y cuando en nombre de la seguridad pública, combate al crimen organizado," Steinberg , dice.
Justo después de Human Rights Watch publicó su informe, un equipo del canal de televisión mexicano Milenio TV policía filmó torturando a varios sospechosos después de un tiroteo en la ciudad de México.
En el video, una docena de agentes de medio uniformados son la celebración de un joven. El sospechoso está de rodillas delante de un cubo de agua. Sus manos están atadas a la espalda con cinta de color negro. Su camiseta se coloca sobre la cara. Los oficiales repetidamente meter la cabeza en el cubo y mantenerlo allí.
Elva Dávila Alves dice que la policía utiliza técnicas similares para obligar a su hijo a confesar el asesinato. Dávila dice que en septiembre de 2010, su hijo Marcelo fue detenido por policías vestidos de civil en Monterrey. La próxima vez que lo vi fue más que una semana más tarde en la cárcel.
"Todavía estaba en mal estado", dice. "Todos los dedos fueron lesionados y quemados. Tenía la mandíbula torcida. Fue golpeado y con moretones en todo el cuerpo. No podía caminar bien."
De acuerdo con documentos judiciales, Marcelo se había ido voluntariamente a la policía y admitió haber matado a un compañero de estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
El Abogado de Marcelo y su familia dicen que él fue secuestrado, golpeado y torturado brutalmente, incluso con la cabeza sumergida en agua hasta que confesó el asesinato.
La policía para detenerlo, dice, compone una historia extravagante acerca de cómo él contrató a un asesino a sueldo del cartel en un parque de la ciudad por aproximadamente $ 300 USD.
Marcelo, al igual que muchos acusados ​​de delitos penales en México, no tuvo la oportunidad de ir ante un juez. Su confesión, junto con los registros telefónicos  donde supuestamente  realizó llamadas a un sicario no identificado, fueron suficientes para condenarlo.
Sobre la base de la confesión, que él dice que fue obligado a firmar, Marcelo ahora está cumpliendo 42 años en prisión. Su madre, Elva Dávila, dice que sabe que la policía torturó a su hijo. Vio los efectos de la  paliza en el cuerpo de su hijo, ahora, ella tiene miedo de represalias contra su familia si emprende acciones legales contra los policías.
"Tengo más hijos. Tengo nietos. Y Marcelo todavía está dentro, y las condiciones dentro de las prisiones no son muy seguras", dice. "Debido a esto no hemos hecho ninguna denuncia formal legal contra los oficiales que le hizo esto a nuestro hijo".
Durante semanas, la policía se negó a que Dávila tomara fotos de su hijo o fuera examinado por un médico independiente. Actualmente, la familia de Marcelo ha presentado una apelación de su condena.
Después de que el informe de Human Rights Watch salió en noviembre donde se  denunciaran  los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad en México, la oficina del Presidente Calderón emitió un comunicado diciendo que el verdadero abuso de los derechos humanos en México es brutalmente cometido por el  crimen organizado.
Calderón se ha puesto en marcha una serie de apariciones en la ciudad de estilo salón de televisión, donde ha dirigido las acusaciones de abuso. Él dice que sus fuerzas respeten los derechos humanos de todos, incluyendo a los delincuentes, aunque esto es difícil.
"La única manera que podemos ganar esta batalla es enfrentar a los criminales con toda la fuerza del gobierno, incluyendo a los militares", dijo Calderón, "pero al mismo tiempo, respetando la ley y los derechos humanos. Porque si no , llegamos a ser tan mala como los criminales. Y se pierde toda la autoridad moral. "
Los grupos de derechos humanos dicen que Calderón debe hacer más para controlar a sus fuerzas de seguridad si quiere mantener esa superioridad moral.

jueves, 12 de julio de 2012

¿EXISTE LA TORTURA EN NUEVO LEÓN?





Carlos Treviño Vives.
Director.- Observatorio Mexicano de Derechos Humanos. A. C.  OMDHAC

De acuerdo con datos oficiales, en al menos  los últimos cuatro años no han existido denuncias con respecto al delito de tortura y en los últimos once años sólo han existido dos sentencias condenatorias por el mismo delito.

 Ante la presente estadística, ¿se puede decir que se ha erradicado la tortura en Nuevo León?
En el reciente informe de Human Rights Watch, “Ni seguridad ni derechos” se presentó una entrevista a una víctima de tortura en Nuevo León que señaló que:

“Lo que hicieron fue que tomaron una venda… y me enredan toda la cabeza salvo la nariz… ya después conocí que a eso le dicen “la momia”… Me dejaron así y empezaron a hacer lo del agua otra vez pero ahora el agua entraba directamente por la nariz. Lo hicieron tres veces. Y ya dije,  “Ya, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran” 

En el caso de ésta víctima de tortura, en OMDHAC tenemos conocimiento de que los familiares de la víctima solicitaron ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul). 

Sin embargo, su solicitud no fue atendida por la Procuraduría. El denominado Protocolo de  Estambul, que entró en vigor en 2005 en Nuevo León, busca documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura y/o malos tratos con los hallazgos físicos y/o psicológicos. 

El Protocolo se ha aplicado en Nuevo León en cinco ocasiones (todas en 2008). 

Human Rights Watch reporta en su informe que en el periódo de 2008-2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recibió 98 denuncias de tortura. 

Por lo tanto, tenemos una gran disparidad entre la estadística de la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿A qué autoridad debemos creerle?

Para la Procuraduría la tortura es prácticamente inexistente en Nuevo León. Sin embargo, Human Rights Watch señala algunos elementos que explican esta situación: el ministerio público no investiga o presenta como falsas las denuncias, se clasifican los hechos de tortura como delitos de menor gravedad, etc. 

Por su parte, la estadística de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos refleja sólo una parte del total de casos de tortura, que evidentemente sigue siendo un problema en Nuevo León. 

Toda la sociedad está expuesta a estar involucrada en un procedimiento penal. 

Si permitimos que la tortura sea la norma que rija la investigación, se destruirían las bases de todo Estado democrático de derecho. Se debe exigir que toda investigación penal se lleve a cabo a través de procedimientos confiables y transparentes que permitan sancionar al responsable de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. 

Nota de Prensa sobre el incremento del 303% de denuncias por tortura en Nuevo León


MONTERREY, N.L., enero 25 (EL UNIVERSAL).- 
Las denuncias por tortura han registrado un incremento de 303% en Nuevo León, informó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza.
De septiembre a la fecha se han registrado 82 denuncias de este rubro, “donde 73 son del ámbito federal y estatal, mientras que el resto pertenecen al área municipal”, detalló la ombudsman.
Añadió que esta cifra, en comparación con otros meses, presenta un alza bastante considerable, por lo que incluso se ha reforzado el equipo destinado a esta área.
Minerva Martínez Garza dijo que existen denuncias por parte de policías municipales, estatales y aun de fuerzas federales.
La noche del martes, tres policías de Monterrey, con el rostro cubierto denunciaron ante los medios de comunicación que sufrieron torturas durante un operativo que militares y agentes estatales realizaron como parte del proceso de depuración de las corporaciones de Seguridad.
En conferencia de prensa conjunta con el procurador Adrián de la Garza y el vocero de Seguridad Pública, Jorge Domene Zambrano, la ombudsman anunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) abrió un expediente de oficio para investigar estos hechos, e invitó a los policías a presentar una queja ante el organismo.
“Hacemos un exhorto a estas personas que presentaron esta denuncia pública a que acudan a la comisión, que nosotros somos un organismo autónomo, que podemos hacer la investigación y lo estamos haciendo inmediatamente que nos dimos cuenta por los medios de comunicación de que existe esta denuncia”, manifestó.
Señaló que existe una pugna de los derechos humanos, entre quienes se dicen víctimas de policías y de policías víctimas de elementos de seguridad con mayor rango.
Reiteró el llamado a los policías agredidos, para que presenten su respectiva denuncia, “los policías al igual que el ciudadano común gozan de las garantías legales en torno a su seguridad, integridad física y sicológica”.
Señaló que en los últimos cuatro años, la CEDHNL realiza un trabajo autónomo a fin de garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la privacidad de los neoleoneses, sin embargo, manifestó su respaldo a las acciones del gobierno estatal para lograr una policía profesional, científica y que goce de la confianza y credibilidad ciudadana.
En la conferencia, el vocero de Seguridad advirtió que se actuará en consecuencia contra los detectives ministeriales que presuntamente participaron en las torturas de los policías de Monterrey; de lo contrario, actuarán en contra de una posible difamación.