Ministeriales, a cargo del procurador Adrián de la Garza, forman la agencia más torturadora
“Me dijo: Mami, nos obligaron a firmar algo, nomás me acuerdo de un carro verde”, cuenta Velia Domínguez, madre de Ana Luisa Garza Aguilar Domínguez, sobre la primera noción que tuvo su hija del motivo de su detención arbitraria y tortura hace poco más de seis meses en Allende, Nuevo León.
El objetivo era obtener una confesión que le fincara responsabilidad sobre el delito de halconeo. Es ya costumbre de las policías, el Ejército y la Marina el torturar a los detenidos para arrancarles alguna confesión.
Los casos de tortura se han incrementado 300 por ciento en Nuevo León, según organizaciones de derechos humanos, y no parece avizorarse un cambio, a pesar de que las confesiones han perdido peso como pruebas en los procedimientos penales.
En los últimos seis meses del año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 23 recomendaciones al gobierno de Rodrigo Medina sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; de las cuales, 20 están dirigidas al procurador Adrián de la Garza por la actuación de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a su cargo. La AEI está considerada como la policía más torturadora en el estado.
Aunado a esto, la guerra contra las drogas llega como circunstancia que legitima la práctica para ciertos sectores de la sociedad, dado el prejuicio de que a quienes se les tortura son criminales que aportarán información valiosa para la detención de los grandes capos o para salvar vidas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer al final del sexenio de Felipe Calderón el incremento en la violación de las garantías individuales, ya que los casos de tortura crecieron 500 por ciento y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en todo el país.
Paradójicamente, la necesidad de frenar la práctica de la tortura como técnica de obtención de información, fue uno de los motivos principales para la creación de organismos de promoción y defensa de derechos humanos en este país hace 20 años.
Según Ninfa Delia Domínguez, actual integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “No tiene caso utilizar ya la tortura puesto que la declaración (del/de la detenido/a) no es suficiente para que se finque responsabilidad.”
Sin embargo, la realidad es otra. Presos en los distintos penales del estado han ofrecido sus testimonios sobre la forma en que fueron torturados, particularmente por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a cargo del Procurador Adrián de la Garza.
Nuevo León fue el primer estado en donde se aplicó el Protocolo de Estambul, que es el procedimiento para detectar las huellas de tortura que todo médico está obligado a llevar a cabo cuando las personas agraviadas lo solicitan.
La práctica actual de la tortura está más bien ligada a otras partes del proceso del acusado o la acusada. Se evidencia con mayor fuerza que es violatoria de los derechos humanos, enfatizó la también ex funcionaria de la Procuraduría General del Estado.
El abogado Leonel Jasso, asesor técnico del Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, reporta que la tortura se utiliza de manera institucionalizada por agentes del Estado:
“En la etapa de investigación (es cuando) las autoridades utilizan estos métodos con fines de autoincriminación”, dijo, siendo un trabajo que realizan, entre otros, los ministeriales.
El uso de la asfixia por inmersión simulada sigue siendo uno de los principales modos de infligir malos tratos a los y las detenidas. También lo es la privación del sueño y la tortura psicológica.
A Ana Luisa, por ejemplo, le dijeron que matarían a sus hijos si no firmaba la confesión que la incriminaba como “halcona” de los Zetas, grupo del crimen organizado con presencia en la zona citrícola.
Cruenta verdad
Para escuchar una narración de los hechos, me recibe Velia Domínguez con sus dos nietos, Byron y Cassiel. Los niños están jugando y la abuela trata de cuidarlos al tiempo que me va contando la historia de la detención y tortura de su hija.
“Sueño pesadillas” me dice ella, pero también las sueña su yerno. “¡La bolsa! ¡La bolsa!” lo ha escuchado gritar en las noches. Su transitar ha estado marcado por el rechazo de abogados que se rehusaban a defender a su hija.
Pero a Velia, más que preocuparle el “qué dirán” le mortifica “pensar en todo el dolor que están sintiendo”.
Cuando vio a su hija varios días después de la detención arbitraria, la percibió como un bebé pidiendo ayuda. “¿Qué hago para que no le vuelvan a hacer daño?”
No hay truco en la defensa que la exima del delito de halconeo mas que probar que la confesión fue extraída a través de la tortura y esta se comprueba a través del Protocolo de Estambul.
Jasso explica: “Sobre la confesional es sobre lo que se han basado la mayoría de las acusaciones (actuales)… cosa que no ocurriría si se respetara el Estado de Derecho.”
Es decir, existe una situación estructural que propicia este modo de actuar por parte de las policías, la cuota de detención que deben cumplir.
Pero la tortura no es el único modo de llegar a sacarle al presunto responsable una confesión que conduzca a su detención.
“A la fecha existe demasiada ciencia forense, hay técnicas de investigación, técnicas de interrogatorio, técnicas de entrevista, mediante las cuales una persona puede determinar si el sujeto entrevistado se está conduciendo con mendacidad.”
Coinciden tanto el abogado como la madre de la víctima que bastaría con una buena recolección de evidencia para llegar a la verdad de los hechos delictivos.
Si bien implica más trabajo y tiempo, evitaría que se violaran los derechos humanos, sin olvidar las consecuencias permanentes que tienen para la vida de las víctimas y sus familias.
La madre de Ana Luisa habla de que el proceso no terminaría con la liberación y exoneración de su hija, sino que tendrá que cambiar de domicilio y atender las huellas del trauma de sus hijos. No piensa volver a Allende, el sitio de su detención. No puede confiar en los policías ni en las autoridades, les han dañado mucho, y sin otro motivo que el de cumplir con una cuota de chivos expiatorios para un operativo de seguridad.
Silvano Cantú, asesor jurídico de la Campaña Nacional Para Prevenir la Tortura del INSYDE (Instituto Para la Seguridad y la Democracia, A.C.) insiste que la tortura como práctica habitual ha devenido un sistema de doblegamiento para el control social. Los operativos de detención masivos como en el que detuvieron arbitrariamente a Ana Luisa reflejan que hay una dosis de saña en la manera de torturar.
El mensaje que da la práctica según Cantú es: “tu vida está a mi disposición.”
Los torturadores laceran la dignidad de las personas, y muestran un despliegue de barbarie que no les hace muy distintos de los ‘criminales’ a los que tratan de detener.
Finaliza Jasso: “No podemos convertirnos en monstruos para cazar a un monstruo porque (entonces) seríamos el monstruo nosotros”.
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