martes, 24 de julio de 2012

En una guerra contra las drogas, las fuerzas mexicanas acusadas de abusos.


En una guerra contra las drogas, las fuerzas mexicanas acusadas de abusos
por JASON BEAUBIEN National Public Radio. USA.

Los soldados mexicanos en una ceremonia en Ciudad Mier a principios de este mes. Las ramas militares y otras de las fuerzas de seguridad han combatido a los cárteles de cinco años. Mientras que la mayoría de la violencia es culpa de los cárteles, grupos de derechos humanos dicen que las fuerzas de seguridad también han sido vinculados a los abusos.

20 de diciembre 2011
En México, los últimos cinco años de guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón han estado marcados por la violencia brutal, los secuestros no resueltos y decenas de miles de muertes. La mayor parte de la violencia ha venido de las bandas de narcotraficantes, pero algunas de estas atrocidades han sido cometidas por el ejército mexicano y la policía.
Los grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad del Estado combatir a los cárteles de la droga, que han torturado, secuestrado y asesinado a presuntos delincuentes y civiles, incluso inocente.
La ciudad de Sabinas Hidalgo se ha quedado atascado en la árida meseta del norte de México, aproximadamente a medio camino entre el polo industrial de Monterrey y la frontera con EE.UU..Es un lugar que muchos mexicanos abandonen a favor de tratar de encontrar el norte de trabajo de Río Grande.
El verano pasado, de 22 años de edad, taxista Jesús Víctor Llano Muñoz también estaba considerando hacia el norte, sino que fue detenido por la Armada de México y no se ha sabido nada desde entonces.
El 23 de junio, un grupo de infantes de marina mexicanos buscaban el motel San Ángel en Sabinas por presuntos narcotraficantes cuando Jesús Víctor sacó su taxi en la entrada del motel.
Su padre, también un taxista llamado Jesús Víctor Llano, se encontraba estacionado en una parada de taxis cruzando la calle.
"Mi hijo acababa de dejar a algunos pasajeros de su taxi", dice Llano, cuando los infantes de marina ordenó que Jesús Víctor en la parte trasera de una camioneta militar color gris.
Llano dice que le rogó a uno de los oficiales para que su hijo vaya. , Recuerda el oficial bruscamente diciéndole que si su hijo le había hecho nada malo, pronto se lo había comunicado.
Pero entonces empezó a manejar los infantes de marina de la playa de estacionamiento. Llano dice que corrió junto a la caravana de camionetas, gritando: "¡yo darle a mi hijo Detener Dame mi hijo" Pero siguió su camino, y que fue la última vez que lo vi ", dice.
La Armada de México no sólo dice que ellos no tienen a Jesús Víctor, dicen que nunca fue detenido. Funcionarios de la Armada no respondió a los repetidos llamamientos de NPR sobre el caso.
La Armada de México, junto con el ejército, ha estado involucrado en operaciones de rutina de control de drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles en 2006.
Llano dice que ha visitado comisarías, prisiones y cuarteles militares, pero seis meses después de que su hijo fue llevado lejos en una camioneta militar, no se le puede encontrar en cualquier lugar.
Desapareciendo a manos de las fuerzas de seguridad?
En los últimos cinco años de la guerra contra las drogas, más de 40.000 personas han muerto en violencia relacionada al narcotráfico, y miles han desaparecido. La mayoría de los desaparecidos fueron secuestrados por bandas criminales, pero la comisión humanos en el país los derechos de cientos dice también desapareció tras ser detenido por las fuerzas de seguridad.
En noviembre, los Derechos de Nueva York, Human Rights Watch publicó un informe que documenta más de 200 casos de secuestro, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y la policía.
Nik Steinberg, investigador de México y Cuba de Human Rights Watch, dice que las investigaciones por las autoridades mexicanas en estos supuestos abusos a ninguna parte.
"Y el mensaje que envía a las fuerzas armadas, de policía a nivel federal, estatal y local es la siguiente: Usted puede hacer lo que tiene que hacer, siempre y cuando en nombre de la seguridad pública, combate al crimen organizado," Steinberg , dice.
Justo después de Human Rights Watch publicó su informe, un equipo del canal de televisión mexicano Milenio TV policía filmó torturando a varios sospechosos después de un tiroteo en la ciudad de México.
En el video, una docena de agentes de medio uniformados son la celebración de un joven. El sospechoso está de rodillas delante de un cubo de agua. Sus manos están atadas a la espalda con cinta de color negro. Su camiseta se coloca sobre la cara. Los oficiales repetidamente meter la cabeza en el cubo y mantenerlo allí.
Elva Dávila Alves dice que la policía utiliza técnicas similares para obligar a su hijo a confesar el asesinato. Dávila dice que en septiembre de 2010, su hijo Marcelo fue detenido por policías vestidos de civil en Monterrey. La próxima vez que lo vi fue más que una semana más tarde en la cárcel.
"Todavía estaba en mal estado", dice. "Todos los dedos fueron lesionados y quemados. Tenía la mandíbula torcida. Fue golpeado y con moretones en todo el cuerpo. No podía caminar bien."
De acuerdo con documentos judiciales, Marcelo se había ido voluntariamente a la policía y admitió haber matado a un compañero de estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
El Abogado de Marcelo y su familia dicen que él fue secuestrado, golpeado y torturado brutalmente, incluso con la cabeza sumergida en agua hasta que confesó el asesinato.
La policía para detenerlo, dice, compone una historia extravagante acerca de cómo él contrató a un asesino a sueldo del cartel en un parque de la ciudad por aproximadamente $ 300 USD.
Marcelo, al igual que muchos acusados ​​de delitos penales en México, no tuvo la oportunidad de ir ante un juez. Su confesión, junto con los registros telefónicos  donde supuestamente  realizó llamadas a un sicario no identificado, fueron suficientes para condenarlo.
Sobre la base de la confesión, que él dice que fue obligado a firmar, Marcelo ahora está cumpliendo 42 años en prisión. Su madre, Elva Dávila, dice que sabe que la policía torturó a su hijo. Vio los efectos de la  paliza en el cuerpo de su hijo, ahora, ella tiene miedo de represalias contra su familia si emprende acciones legales contra los policías.
"Tengo más hijos. Tengo nietos. Y Marcelo todavía está dentro, y las condiciones dentro de las prisiones no son muy seguras", dice. "Debido a esto no hemos hecho ninguna denuncia formal legal contra los oficiales que le hizo esto a nuestro hijo".
Durante semanas, la policía se negó a que Dávila tomara fotos de su hijo o fuera examinado por un médico independiente. Actualmente, la familia de Marcelo ha presentado una apelación de su condena.
Después de que el informe de Human Rights Watch salió en noviembre donde se  denunciaran  los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad en México, la oficina del Presidente Calderón emitió un comunicado diciendo que el verdadero abuso de los derechos humanos en México es brutalmente cometido por el  crimen organizado.
Calderón se ha puesto en marcha una serie de apariciones en la ciudad de estilo salón de televisión, donde ha dirigido las acusaciones de abuso. Él dice que sus fuerzas respeten los derechos humanos de todos, incluyendo a los delincuentes, aunque esto es difícil.
"La única manera que podemos ganar esta batalla es enfrentar a los criminales con toda la fuerza del gobierno, incluyendo a los militares", dijo Calderón, "pero al mismo tiempo, respetando la ley y los derechos humanos. Porque si no , llegamos a ser tan mala como los criminales. Y se pierde toda la autoridad moral. "
Los grupos de derechos humanos dicen que Calderón debe hacer más para controlar a sus fuerzas de seguridad si quiere mantener esa superioridad moral.

jueves, 12 de julio de 2012

¿EXISTE LA TORTURA EN NUEVO LEÓN?





Carlos Treviño Vives.
Director.- Observatorio Mexicano de Derechos Humanos. A. C.  OMDHAC

De acuerdo con datos oficiales, en al menos  los últimos cuatro años no han existido denuncias con respecto al delito de tortura y en los últimos once años sólo han existido dos sentencias condenatorias por el mismo delito.

 Ante la presente estadística, ¿se puede decir que se ha erradicado la tortura en Nuevo León?
En el reciente informe de Human Rights Watch, “Ni seguridad ni derechos” se presentó una entrevista a una víctima de tortura en Nuevo León que señaló que:

“Lo que hicieron fue que tomaron una venda… y me enredan toda la cabeza salvo la nariz… ya después conocí que a eso le dicen “la momia”… Me dejaron así y empezaron a hacer lo del agua otra vez pero ahora el agua entraba directamente por la nariz. Lo hicieron tres veces. Y ya dije,  “Ya, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran” 

En el caso de ésta víctima de tortura, en OMDHAC tenemos conocimiento de que los familiares de la víctima solicitaron ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul). 

Sin embargo, su solicitud no fue atendida por la Procuraduría. El denominado Protocolo de  Estambul, que entró en vigor en 2005 en Nuevo León, busca documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura y/o malos tratos con los hallazgos físicos y/o psicológicos. 

El Protocolo se ha aplicado en Nuevo León en cinco ocasiones (todas en 2008). 

Human Rights Watch reporta en su informe que en el periódo de 2008-2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recibió 98 denuncias de tortura. 

Por lo tanto, tenemos una gran disparidad entre la estadística de la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿A qué autoridad debemos creerle?

Para la Procuraduría la tortura es prácticamente inexistente en Nuevo León. Sin embargo, Human Rights Watch señala algunos elementos que explican esta situación: el ministerio público no investiga o presenta como falsas las denuncias, se clasifican los hechos de tortura como delitos de menor gravedad, etc. 

Por su parte, la estadística de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos refleja sólo una parte del total de casos de tortura, que evidentemente sigue siendo un problema en Nuevo León. 

Toda la sociedad está expuesta a estar involucrada en un procedimiento penal. 

Si permitimos que la tortura sea la norma que rija la investigación, se destruirían las bases de todo Estado democrático de derecho. Se debe exigir que toda investigación penal se lleve a cabo a través de procedimientos confiables y transparentes que permitan sancionar al responsable de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. 

Nota de Prensa sobre el incremento del 303% de denuncias por tortura en Nuevo León


MONTERREY, N.L., enero 25 (EL UNIVERSAL).- 
Las denuncias por tortura han registrado un incremento de 303% en Nuevo León, informó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza.
De septiembre a la fecha se han registrado 82 denuncias de este rubro, “donde 73 son del ámbito federal y estatal, mientras que el resto pertenecen al área municipal”, detalló la ombudsman.
Añadió que esta cifra, en comparación con otros meses, presenta un alza bastante considerable, por lo que incluso se ha reforzado el equipo destinado a esta área.
Minerva Martínez Garza dijo que existen denuncias por parte de policías municipales, estatales y aun de fuerzas federales.
La noche del martes, tres policías de Monterrey, con el rostro cubierto denunciaron ante los medios de comunicación que sufrieron torturas durante un operativo que militares y agentes estatales realizaron como parte del proceso de depuración de las corporaciones de Seguridad.
En conferencia de prensa conjunta con el procurador Adrián de la Garza y el vocero de Seguridad Pública, Jorge Domene Zambrano, la ombudsman anunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) abrió un expediente de oficio para investigar estos hechos, e invitó a los policías a presentar una queja ante el organismo.
“Hacemos un exhorto a estas personas que presentaron esta denuncia pública a que acudan a la comisión, que nosotros somos un organismo autónomo, que podemos hacer la investigación y lo estamos haciendo inmediatamente que nos dimos cuenta por los medios de comunicación de que existe esta denuncia”, manifestó.
Señaló que existe una pugna de los derechos humanos, entre quienes se dicen víctimas de policías y de policías víctimas de elementos de seguridad con mayor rango.
Reiteró el llamado a los policías agredidos, para que presenten su respectiva denuncia, “los policías al igual que el ciudadano común gozan de las garantías legales en torno a su seguridad, integridad física y sicológica”.
Señaló que en los últimos cuatro años, la CEDHNL realiza un trabajo autónomo a fin de garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la privacidad de los neoleoneses, sin embargo, manifestó su respaldo a las acciones del gobierno estatal para lograr una policía profesional, científica y que goce de la confianza y credibilidad ciudadana.
En la conferencia, el vocero de Seguridad advirtió que se actuará en consecuencia contra los detectives ministeriales que presuntamente participaron en las torturas de los policías de Monterrey; de lo contrario, actuarán en contra de una posible difamación.

Nota de prensa sobre caso de tortura a elementos de la Policía de Monterrey por Agentes Ministeriales


Denuncian policías de Monterrey tortura de Ministeriales

POLICÍA • 
El objetivo de los Agentes Ministeriales era el de arrancarles una confesión por su presunta participación como halcones del crimen organizado alegaron los detenidos.
Monterrey • Elementos de la Policía de Monterrey denunciaron la noche de este martes haber sido torturados, robados y amenazados por agentes de la Policía Ministerial, que bajo presuntos engaños los llevaron para aplicarles una prueba de confianza en la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Los tres elementos que fueron entrevistados en el interior de la sede de la Policía de Monterrey, en la estación Alamey destacaron que forman parte de un grupo conformado por 110 policías que aparentemente habrían sido también torturados.
El objetivo de los Agentes Ministeriales era el de arrancarles una confesión por su presunta participación como halcones del crimen organizado alegaron los detenidos.
Uno de los policías entrevistados destacó que hubo mujeres policías que también fueron agredidas a golpes en una sala de torturas de la Agencia Estatal de Investigaciones localizada frente a la zona donde se realizan las fichas de los detenidos.
Los tres pondrán una denuncia ante las autoridades competentes y aseguran que no dejarán de ser policías.
Entre los detalles que dieron los elementos policiales es que existe una sala de torturas en la Agencia Estatal de Investigaciones y que podrían identificar a uno de los Agentes que los torturó.
Personal de este municipio argumentó que hay un respaldo por parte de la corporación y que estos tres elementos representan a un grupo de veinte policías que quedaron en libertad este día.
Actualmente quedaron 85 aún en la sede de la Academia Estatal de Policía y cinco más a disposición de la Agencia del Ministerio Público por diversos delitos.
La acusación se da en el marco de cambio de mandos policiales y de la llegada de un militar a reforzar los trabajos de seguridad.
El municipio dará el día de mañana una rueda de prensa para fijar una postura en torno a lo denunciado.

miércoles, 11 de julio de 2012

Tortura en Nuevo León

La Tortura en el Estado de Nuevo León como parte de las herramientas para conseguir información y evidencia en las Investigaciones contra diversos delitos por parte de las Autoridades Procuradoras de Justicia es a la fecha moneda de uso común.


Actualmente y bajo el justificante de la mal llamada guerra contra la delincuencia, los procesos indagatorios se han visto minados de vicios y usos que bien podían asombrar hasta al mas sádico de los inquisidores de la antigua Nueva España. 


No es de todos desconocido que las tácticas y técnicas de acopio de evidencia e información por parte de nuestros Agentes Investigadores se basan casi en su totalidad a la aplicación de mecánicas de tortura, mediante las cuales se obliga al sujeto investigado a aceptar crímenes que no cometió.  


A la fecha los penales de la entidad se encuentran llenos de esas historias, personas que se vieron involucradas en investigaciones criminales por haber estado en el momento equivocado en el lugar equivocado o tener vinculo con la persona incorrecta.


Los mecanismos de Tortura utilizados en los sujetos investigados varían tanto como la imaginación del despiadado Agente Investigador le alcance.


Usando desde instrumentos simples como la ya conocida bolsa de plástico en la cabeza, golpes con objetos contundentes en las zonas blandas del cuerpo, inmersión en tanques de agua, choques eléctricos y demás que  resultaría aberrante describir. 


Pero la Tortura no solo ocurre de forma física cuando el detenido es sometido a los tratos antes mencionados, sino que comienza desde que el Agente Investigador aborda al Ciudadano.


Mediante engaños y amenazas, se logra someter a la victima a fin de acceda a acompañar a los Investigadores a donde luego se convertirá en la sala de juegos de estas perversas entidades. 


Tal proceder a la luz de la investigación científica legalista y protectora de los Derechos Humanos, resulta atentatoria a todos los principios establecidos de una Nación Democrática civilizada.


Acorde a los Principios rectores que devienen de nuestra Constitución Política Federal, todos gozamos en primer término de la presunción de inocencia, todos tenemos derecho a no ser incomunicados, a que nos asesore un abogado o persona de confianza, a no ser obligados a declarar en nuestra contra y a ser sometidos a un juicio justo, en donde se tenga la oportunidad de defensa, donde sepamos quien y de que se nos acusa y sea el acusador quien aporte las pruebas que comprueben tal imputación.


Es tan común hoy en día escuchar en los medios de comunicación que se detuvo a tal o cual persona y que solo hasta después de cierto tiempo se le permitió el contacto con su abogado o con su familia, que el ciudadano ya no alcanza a percibir que ese simple hecho que se esta narrando en el medio de comunicación ya constituye por sí mismo una Violación a nuestros Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales.


De nada nos sirve que los nuestros Agentes Investigadores fabriquen probanzas y obliguen a los acusados a inculparse cuando al paso del tiempo y mediante el juicio apropiado, se comprobara la inocencia, resultando así únicamente en la afectación de la vida de un inocente y en la impunidad del verdadero delincuente.


Fomentemos la utilización de Técnicas Científicas Forenses que robustezcan las acusaciones y el apego a Derecho y respeto a las Garantías consagradas en nuestra Constitución. 


Reprobemos y Denunciemos la Tortura y las Violaciones a nuestras Garantías Individuales y Derechos Humanos.    
Actualmente la Organización Estadounidense HUMAN RIGTHS WATCH mediante un comunicado de prensa dio a conocer su informe sobre México, destacando a Nuevo León entre los Estados donde más se vulneran los Derechos Humanos y más es empleada la Tortura en las investigaciones criminales. 


En dicho informe se da vista al Presidente Felipe Calderón Hinojosa de tales situaciones y se le insta a implementar las medidas respectivas para el cese de dichas practicas. 


jueves, 24 de mayo de 2012

ILEGALIDADES EN LA LEGALIDAD

Es increíble escuchar a nuestras Autoridades decir que se debe avanzar hacía una Procuración de Justicia donde las pruebas documentales y las evidencias científicas sean las que marquen la culpabilidad o inocencia de los acusados, es increíble oírles decir eso, no por el hecho de que  sea lo legalmente correcto, sino por el hecho de que esos parámetros a la fecha ya existen, actualmente, nuestra legislación ha incorporado a  sus letras la aplicación obligatoria de los Derechos Humanos y de todo aquel tratado que en esa materia haya firmado y ratificado el Estado Mexicano.

En esa tesitura es que el día de hoy jueves 24-veinticuatro de Mayo del año 2012-dos mil doce, el C. Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, diga en la reunión nacional de procuradores, que esa debe ser la linea a seguir, cuando en los momentos en que ejercitaba tal atesto, más de 30-treinta personas estaban siendo incomunicadas en las instalaciones de la Policía Ministerial a fin de ser investigadas sobre el homicidio de personas que asaltaron un autobús proveniente del Estado de Coahuila, al momento en que se publicitaba en los medios de comunicación el evento de los procuradores en nuestro Estado, al mismo tiempo se escuchaba el reproche de personas que entre abogados y familiares buscaban tener contacto con las personas incomunicadas  en la Agencia Estatal de Investigaciones AEI de Nuevo León.

Resulta irrisorio que nuestras Autoridades una vez más pretendan aplicar el estado de derecho con una mano, cuando con la otra no hacen más que vulnerar nuestras Garantías Individuales y Derechos Humanos.

Como es bien sabido, otro claro ejemplo de ello ha sido la detención e incomunicación de tres personajes de alto rango de las fuerzas armadas, Generales que en su momento fueron apoyo y ejemplo del Gobierno de la República en esta mal llamada "Guerra contra la Delincuencia", siendo visto por todo el país, fue publicado en los noticieros a nivel nacional, la incomunicación sufrida por esos altos mandos militares, ahora acusados de delincuentes.

No estamos  con ello diciendo que son inocentes, no se pretende con esto desmentir a la Procuraduría en su acusación; lo único de que se trata este análisis y critica al proceder de nuestras Autoridades, es de estarse siempre en apego a derecho.

¿Que pueden esperar los ciudadanos comunes cuando observan que personajes de alto rango militar son vejados en sus Derechos Constitucionales?

¿Que puede esperar el ciudadano cuando ve, que es practica común la violación de  Derechos Humanos y Garantías Individuales.

Con la incomunicación de los detenidos y posterior tortura y/o presión de aceptar la culpa y confesión del delito que se les impute no se resuelve el crimen.

Con estas practicas medievales lo único que se ocasiona es fomentar la delincuencia, que con conlleva a su vez a que aquellos que la ejercitan sean también calificados como delincuentes por nuestros Códigos Penales, es decir, que con ello, el justiciero se convierte en delincuente al incurrir en dichas practicas.

Los tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Nuestros Derechos Constitucionales, establecen que toda persona que sea acusada de un delito, no puede ser incomunicada, no puede ser obligada a declarar en su contra, debe ser asistida por un abogado o persona de su confianza, debe ser informada inmediatamente de su derecho a la libertad bajo fianza y a saber quien y de que se le acusa.

Los instrumentos que se han establecido a nivel mundial para fundamentar una acusación distan mucho del valor que en México se le da a una confesión.

Los estándares internacionales en materia de procesos penales marcan la validación de la imputación  por medio de pruebas científicas.

Así mismo, dichos estándares obligan a desechar toda confesión obtenida bajo tortura, intimidación e incomunicación.

De tal suerte que el día en que en nuestro país se eliminen por completo este tipo de practicas que en nada ayuda a construir un sistema de justicia legal, entonces, sera el día en que podremos decir que México es un país Democrático. 

Lo más sorprendente el día de hoy no fue el hecho de ventilar a nivel público las ilegalidades de la Procuración de Justicia, lo más sorprendente fue ver que ninguno de los medios de comunicación dijo algo respecto a la sistemática violación a los Derechos Humanos que día a día ejercen nuestras Autoridades.

Por desgracia la desinformación de los conductores de noticieros y la falta de asesoría al respecto, aunado a la falta de cultura legal en la sociedad, nos ha llevado a observar tales violaciones constitucionales sin el menor asombro, critica o reclamo.

Difundamos la cultura de la legalidad tanto para nuestra sociedad civil como para nuestros Servidores Públicos y medios de comunicación,  hagamos de Nuevo León y de todo México un mejor lugar para vivir.

Saludos. 

domingo, 25 de marzo de 2012

Procesos Penales y Tortura en México


(foto:conferencia sobre tortura y procesos penales dentro de la serie fabrica de culpables en el Proceso Penal. Universidad Autónoma del Noreste UNE. Saltillo Coah.)

La tortura en nuestro país se ha convertido en uno de los métodos mayormente utilizados en los en los procesos investigativos en el Estado Mexicano, desde hace varias décadas esta practica ilegal e inhumana se ha visto desarrollada en la practica durante las investigaciones en todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

El mayor problema al que nos enfrentamos al tratar de erradicar la practica de la tortura en México, es la falta de profesionistas calificados para su investigación, documentación y posterior denuncia.

Aunque nuestro país es suscriptor de tratados internacionales contra la tortura, la realidad que se vive en las demarcaciones policíacas y de procuración de justicia es otra. Actualmente la utilización de mecanismos de tortura es cotidianamente aplicada en las investigaciones de delitos, dejando de lado el uso de técnicas científicas de entrevista y perfilación criminal mundialmente reconocidas y validadas en estudios y estándares policiales de investigación.

Nuevo León fue uno de los primeros Estados de México que signo la aplicación del Protocolo de Estambul, herramienta creada por un grupo de médicos defensores de los Derechos Humanos, estableciendo una serie de pasos y pruebas que sirven para acreditar actos de tortura sufridos por un individuo.

Trabajando en el durante 3 años, más de 40 Organizaciones de todo el mundo, siendo implementado en México entre Marzo de 2003 y Marzo de 2005.

La legislación internacional define la tortura como: ""tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Convención Contra La Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes ONU.

Actualmente encontramos acorde a los diversos estudios estadísticos realizados por parte de Organizaciones Defensoras de la Sociedad Civil y Naciones Unidas que La tortura es utilizada en aproximadamente un 97% de los casos a fin de obtener una declaración de aceptación de culpa por parte del indiciado, a la cual se le denomina confesión. En el otro 3% es utilizada como medio represivo o de castigo para que la víctima, generalmente internos de los Centros de Readaptación Social hagan o dejen de hacer algo.

La mayor problemática en este asunto, resulta deveniente de los criterios jurisprudenciales establecidos por nuestra la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre las cuales podemos citar algunas a forma de ilustración:

DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, APRECIACIÓN DE LA.

"Es absurdo decidir que hubo coacción o violencia cuando el acusado declaró ante el Ministerio Público y cuando produjo su preparatoria, si no existen pruebas, ni presunciones que la hagan inverosímil, y sí, por el contrario, datos que la corroboren, como la denuncia de la ofendida y las declaraciones de algunas personas."


CONFESIÓN. PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO.

"La confesión tiene pleno valor probatorio de acuerdo al principio de inmediación procesal, porque fue producida por el acusado sin aleccionamiento o reflexiones defensivas y por ello debe prevalecer sobre las posteriores; tanto más si fueron emitidas al día siguiente de ocurridos los hechos delictuosos."


De lo que podemos concluir que aunque hemos venido avanzando en materia de modernización en el sistema de justicia penal, siguen existiendo criterios que propician el uso de la tortura como medio para la obtención de una confesión.


Recomendamos como herramientas de eliminación de la practica de la tortura, su eficaz denuncia y documentación; la preparación de personal calificado para la recavación de pruebas y la implementación de criterios legales que erradiquen de plano el valor de la confesión en México.


Continuemos nuestra profesionalización a fin de establecer un ambiente de respeto a nuestros Derechos Humanos y Garantías Individuales.


La obtención de un fallo condenatorio basado en evidencia científica, siempre será indicio de un estado de seguridad democrática.


La obtención de condenas basadas en tortura y elementos probatorios falsos, siempre será indicio de una sociedad retrograda y autoritaria.


Es tiempo de respetar nuestros Derechos y los de los demás, es tiempo de cientifizar a nuestros cuerpos de seguridad, es tiempo de implementar los Derechos Consagrados en nuestra Constitución recién traídos de los tratados garantes de nuestros Derechos Humanos.









martes, 21 de febrero de 2012

Articulo.- “Mátenlos en caliente” por Cesar Valdéz.




...dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? /

porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale...

La Polla Records


44 muertos se suman a la larga lista de suicidios supuestos más nunca investigados, muertesnaturalesydescaradas ejecuciones ocurridas en penales de Nuevo León en los últimos años, mostrando lo que siempre sesupo: que las autoridades no han podido ni querido controlar el sistema penitenciario, a ciencia y paciencia de unaprensa inquisitorial que alimenta a una opinión pública santurrona cómodamente instalada en la ignorancia y el fácilrecurso del afán de linchamiento.

Hoy lunes 20 de febrero de 2012 algunos columnistas han ubicado estos terribles hechos en el contexto nacional,señalando que estos asesinatos en el penal de Apodaca son parte de una cadena de sucesos de sangre encentros penitenciarios como los de Juárez o Tijuana, en donde también se han registrado homicidios, en violentascircunstancias a los que los funcionarios estatales y federales dan carpetazo con la etiqueta demotín.

Sin embargo, el caso del sistema penitenciario de Nuevo León tiene particularidades que le dan a los 44asesinatos del penal de Apodaca un cariz más terrible que el que de por tiene una matanza de esasdimensiones; cariz que tiene que ver con lo anómalo del funcionamiento habitual de las instituciones deadministración de ese sistema penitenciario y de la percepción que los nuevoleoneses tienen de él.

Tenemos a una autoridad estatal que por decenios ha dejado a las cárceles en un limbo jurídico y administrativo,en manos de funcionarios que más que rendir cuentas a la sociedad, han convertido al sistema penitenciario en unnegocio particular, una industria que opera completamente al margen de la ley y cuya materia prima son personaspobres que no tienen con qué defenderse en un sistema penal completamente venal, estructuralmente corrompido,que permite que los criminales con recursos tengan muchas maneras de evadirlo, en tanto que provoca la condenade muchos inocentes.

Esta es la realidad que se tenía antes, mucho antes de que los cártelessentaran sus realesen Nuevo León(cómo preconizó recursivamente el clásico Coco Coindreau), y es el estado de cosas que permitió que esoscárteles pudieran fácilmente tomar el control de la estructura de mando penitenciaria, como relevo natural de esosfuncionarios cuya única motivación era la ganancia monetaria y el abuso del poder.

Todas las voces que advirtieron el tic-tac de esta bomba de tiempo fueron ignoradas y vilipendiadas, como en elcaso de la Hermana Consuelo Morales, quien desde su organización, Ciudadanos en Apoyo a los DerechosHumanos, A.C. (CADHAC), insistió desde los años 90 en que si no se echaba mano a esas islas jurídicas que sonlos penales, las consecuencias serían desastrosas. Ni siquiera el que CADHAC haya llevado la denuncia de estasituación al plano internacional fue suficiente para que las autoridades estatales emanadas del PRI y del PANmovieran un dedo.

¿Para qué iba un gobierno estatal desgastar sus preciosas energías en someter al imperio de la ley a lascárceles?, ¿qué beneficios tendría un gobernador, un procurador, si atendiera las constantes denuncias deviolaciones sistemáticas a los derechos humanos en los penales?. Nuestros funcionarios democráticamenteelectos no vieron, y no lo ven aun tras los maderos de esos 44 ataúdes, qué tajada política se puede cortar de esepastel explosivo, ya que tienen a la opinión pública de su lado, pues es de todos sabido que quien está en la cárceles porque se lo merece, y se tiene una seguridad plena de quenosotrosjamás tendremos que ver con esesubmundo de citatorios, barandillas, abogados, jueces, actos de formal prisión, consignaciones.

La dichosa opinión pública acude al espectáculo del asesinato e incineración de presos con ese ánimo terapéuticoque a decir de Camilo José Cela, llevaban los campesinos españoles de la preguerra que acudían a ver a loscondenados a morir en el garrote, ya que,el pueblo sencillo lo único que pide es un poco de sangre. Los 44, cadauno de ellos, se merecía la muerte que tuvo, es delos otros, muy otros, los que no son ni serán jamásnosotros, y el campesino vuelve a su labor con el alma purificada y la renovada certeza de su inocencia perpetua.

Es así como en Nuevo León esa combinación de una casta de burócratas en el poder del sistema penitenciario -ahora compartido o cedido a los cárteles-, con una ciudadanía educada en la lógica de la ley fuga, de lasrespuestas prontas y expeditas que aplauden la eliminación de quienes no son como uno; es que tenemos comoconsecuencia una matanza de proporciones tales que deberían movernos a la reflexión por lo menos, o a tenercomo desenlace la reestructura de ese aparato penitenciario.

Ni una cosa ni otra pasarán.

Mátenlos en caliente, ordenó Porfirio Díaz y tras cumplido el mandato con la premura que la orden implicó, lafrase quedó en la memoria de muchos mexicanos como una anécdota festiva de lo que debe hacer un buengobernante, sin que nadie se tomara la molestia de recordar o de saber siquiera quiénes fueron los sujetos pasivosde aquél arranque justiciero del tirano. Igualmente, los 44 asesinados del penal de Apodaca pasarán rápidamenteal olvido y de su muerte sólo tendremos un recuento cuando algo equivalente vuelva a suceder, pues no se moveráun dedo gubernamental para que las causas de tal desastre sean atendidas.

lunes, 20 de febrero de 2012

Muerte en el Penal de Apodaca


Nuevamente la muerte ha llenado uno de los centros de reclusión de nuestra entidad; esta vez fue el turno del Penal de Apodaca. Una vez más el Penal de Apodaca fue escenario de una revuelta entre internos que dejo como saldo al menos 30 personas sin vida.
Una vez más la sobre población carcelaria es uno de los factores clave que llevo a tan fatídico desenlace.
El asinamiento en un centro penitenciario es el factor principal para que se susciten este tipo de eventos.
Recordemos que las cárceles en México distan por mucho de encontrarse dentro de los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas.
De nueva cuenta nos encontramos con el resultado de un sistema creado para encarcelar y contener a los gobernados.
Necesitamos que el incremento de penas en diversos delitos tanto de los ordenes del fuero común como del federal dejen de ser la solución en el combate contra el crimen.
Es tiempo de implementar estrategias de concientización por medio de la educación para reducir la sobre población penitenciaria.
Hemos visto el resultado que esto (el incremento de penas y la sobre población) ha traído en nuestro vecino pías del norte.
Debemos seguir el ejemplo de culturas más desarrolladas que las que están cruzando el río bravo.
Una estrategia de saneamiento a la economía y mejor educación resultarían en una solución efectiva en un problema que desde hace años se ha ha ido convirtiendo en una bomba de tiempo.
Como lo hemos comentado, este tipo de eventualidades irían a la alta.
Las políticas de nuestras administraciones se han ocupado de pretender tapar el sol con un dedo.
Se han ocupado de tratar de solucionar un problema educacional y cultural con las armas.
Si bien es cierto que el Estado debe detentar una fuerza coactiva y punitiva sobre sus integrantes como modo disuasivo y de castigo en aquellos que flagelen el contrato social, también lo es que ello es la ultima de las soluciones a cualquier conflicto.
El Gobierno debe por Ley proveer los satisfactores necesarios para que la vida ocurra de manera pacifica.
Lo cual implica el crecimiento de la sociedad sobre una base de armonía económica y oportunidades de desarrollo.
Mientras continuemos metiendo personas a la cárcel, mientras el problema no se ataque desde la trinchera adecuada, nos veremos siempre ante situaciones caóticas y deplorables como la de este fatídico día de febrero de 2012.
La solución no se encuentra en las armas, no se encuentra en los operativos de reacción; la solución es sembrando la semilla de la humanización, de la armonía, de la equidad, de las oportunidades.
Brindemos en la medida de nuestras posibilidades la oportunidad de que esa semilla germine y veremos el resultado de un México en paz, de un México seguro.
Solicitemos a nuestras autoridades la aplicación de medidas sancionadoras a quienes dolosamente han incumplido en el ejercicio de su encargo, empleo o comisión.
Impulsemos la implementación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en los centros penitenciarios.
Promulguemos leyes tendientes a exaltar la persona humana y entonces nos encontraremos ante un nuevo y mejor futuro.

Saludos.