ILEGALIDADES EN LA LEGALIDAD

Es increíble escuchar a nuestras Autoridades decir que se debe avanzar hacía una Procuración de Justicia donde las pruebas documentales y las evidencias científicas sean las que marquen la culpabilidad o inocencia de los acusados, es increíble oírles decir eso, no por el hecho de que  sea lo legalmente correcto, sino por el hecho de que esos parámetros a la fecha ya existen, actualmente, nuestra legislación ha incorporado a  sus letras la aplicación obligatoria de los Derechos Humanos y de todo aquel tratado que en esa materia haya firmado y ratificado el Estado Mexicano.

En esa tesitura es que el día de hoy jueves 24-veinticuatro de Mayo del año 2012-dos mil doce, el C. Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, diga en la reunión nacional de procuradores, que esa debe ser la linea a seguir, cuando en los momentos en que ejercitaba tal atesto, más de 30-treinta personas estaban siendo incomunicadas en las instalaciones de la Policía Ministerial a fin de ser investigadas sobre el homicidio de personas que asaltaron un autobús proveniente del Estado de Coahuila, al momento en que se publicitaba en los medios de comunicación el evento de los procuradores en nuestro Estado, al mismo tiempo se escuchaba el reproche de personas que entre abogados y familiares buscaban tener contacto con las personas incomunicadas  en la Agencia Estatal de Investigaciones AEI de Nuevo León.

Resulta irrisorio que nuestras Autoridades una vez más pretendan aplicar el estado de derecho con una mano, cuando con la otra no hacen más que vulnerar nuestras Garantías Individuales y Derechos Humanos.

Como es bien sabido, otro claro ejemplo de ello ha sido la detención e incomunicación de tres personajes de alto rango de las fuerzas armadas, Generales que en su momento fueron apoyo y ejemplo del Gobierno de la República en esta mal llamada "Guerra contra la Delincuencia", siendo visto por todo el país, fue publicado en los noticieros a nivel nacional, la incomunicación sufrida por esos altos mandos militares, ahora acusados de delincuentes.

No estamos  con ello diciendo que son inocentes, no se pretende con esto desmentir a la Procuraduría en su acusación; lo único de que se trata este análisis y critica al proceder de nuestras Autoridades, es de estarse siempre en apego a derecho.

¿Que pueden esperar los ciudadanos comunes cuando observan que personajes de alto rango militar son vejados en sus Derechos Constitucionales?

¿Que puede esperar el ciudadano cuando ve, que es practica común la violación de  Derechos Humanos y Garantías Individuales.

Con la incomunicación de los detenidos y posterior tortura y/o presión de aceptar la culpa y confesión del delito que se les impute no se resuelve el crimen.

Con estas practicas medievales lo único que se ocasiona es fomentar la delincuencia, que con conlleva a su vez a que aquellos que la ejercitan sean también calificados como delincuentes por nuestros Códigos Penales, es decir, que con ello, el justiciero se convierte en delincuente al incurrir en dichas practicas.

Los tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Nuestros Derechos Constitucionales, establecen que toda persona que sea acusada de un delito, no puede ser incomunicada, no puede ser obligada a declarar en su contra, debe ser asistida por un abogado o persona de su confianza, debe ser informada inmediatamente de su derecho a la libertad bajo fianza y a saber quien y de que se le acusa.

Los instrumentos que se han establecido a nivel mundial para fundamentar una acusación distan mucho del valor que en México se le da a una confesión.

Los estándares internacionales en materia de procesos penales marcan la validación de la imputación  por medio de pruebas científicas.

Así mismo, dichos estándares obligan a desechar toda confesión obtenida bajo tortura, intimidación e incomunicación.

De tal suerte que el día en que en nuestro país se eliminen por completo este tipo de practicas que en nada ayuda a construir un sistema de justicia legal, entonces, sera el día en que podremos decir que México es un país Democrático. 

Lo más sorprendente el día de hoy no fue el hecho de ventilar a nivel público las ilegalidades de la Procuración de Justicia, lo más sorprendente fue ver que ninguno de los medios de comunicación dijo algo respecto a la sistemática violación a los Derechos Humanos que día a día ejercen nuestras Autoridades.

Por desgracia la desinformación de los conductores de noticieros y la falta de asesoría al respecto, aunado a la falta de cultura legal en la sociedad, nos ha llevado a observar tales violaciones constitucionales sin el menor asombro, critica o reclamo.

Difundamos la cultura de la legalidad tanto para nuestra sociedad civil como para nuestros Servidores Públicos y medios de comunicación,  hagamos de Nuevo León y de todo México un mejor lugar para vivir.

Saludos. 

Procesos Penales y Tortura en México

(foto:conferencia sobre tortura y procesos penales dentro de la serie fabrica de culpables en el Proceso Penal. Universidad Autónoma del Noreste UNE. Saltillo Coah.)

La tortura en nuestro país se ha convertido en uno de los métodos mayormente utilizados en los en los procesos investigativos en el Estado Mexicano, desde hace varias décadas esta practica ilegal e inhumana se ha visto desarrollada en la practica durante las investigaciones en todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

El mayor problema al que nos enfrentamos al tratar de erradicar la practica de la tortura en México, es la falta de profesionistas calificados para su investigación, documentación y posterior denuncia.

Aunque nuestro país es suscriptor de tratados internacionales contra la tortura, la realidad que se vive en las demarcaciones policíacas y de procuración de justicia es otra. Actualmente la utilización de mecanismos de tortura es cotidianamente aplicada en las investigaciones de delitos, dejando de lado el uso de técnicas científicas de entrevista y perfilación criminal mundialmente reconocidas y validadas en estudios y estándares policiales de investigación.

Nuevo León fue uno de los primeros Estados de México que signo la aplicación del Protocolo de Estambul, herramienta creada por un grupo de médicos defensores de los Derechos Humanos, estableciendo una serie de pasos y pruebas que sirven para acreditar actos de tortura sufridos por un individuo.

Trabajando en el durante 3 años, más de 40 Organizaciones de todo el mundo, siendo implementado en México entre Marzo de 2003 y Marzo de 2005.

La legislación internacional define la tortura como: ""tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Convención Contra La Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes ONU.

Actualmente encontramos acorde a los diversos estudios estadísticos realizados por parte de Organizaciones Defensoras de la Sociedad Civil y Naciones Unidas que La tortura es utilizada en aproximadamente un 97% de los casos a fin de obtener una declaración de aceptación de culpa por parte del indiciado, a la cual se le denomina confesión. En el otro 3% es utilizada como medio represivo o de castigo para que la víctima, generalmente internos de los Centros de Readaptación Social hagan o dejen de hacer algo.

La mayor problemática en este asunto, resulta deveniente de los criterios jurisprudenciales establecidos por nuestra la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre las cuales podemos citar algunas a forma de ilustración:

DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, APRECIACIÓN DE LA.

"Es absurdo decidir que hubo coacción o violencia cuando el acusado declaró ante el Ministerio Público y cuando produjo su preparatoria, si no existen pruebas, ni presunciones que la hagan inverosímil, y sí, por el contrario, datos que la corroboren, como la denuncia de la ofendida y las declaraciones de algunas personas."

CONFESIÓN. PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO.

"La confesión tiene pleno valor probatorio de acuerdo al principio de inmediación procesal, porque fue producida por el acusado sin aleccionamiento o reflexiones defensivas y por ello debe prevalecer sobre las posteriores; tanto más si fueron emitidas al día siguiente de ocurridos los hechos delictuosos."

De lo que podemos concluir que aunque hemos venido avanzando en materia de modernización en el sistema de justicia penal, siguen existiendo criterios que propician el uso de la tortura como medio para la obtención de una confesión.

Recomendamos como herramientas de eliminación de la practica de la tortura, su eficaz denuncia y documentación; la preparación de personal calificado para la recavación de pruebas y la implementación de criterios legales que erradiquen de plano el valor de la confesión en México.

Continuemos nuestra profesionalización a fin de establecer un ambiente de respeto a nuestros Derechos Humanos y Garantías Individuales.

La obtención de un fallo condenatorio basado en evidencia científica, siempre será indicio de un estado de seguridad democrática.

La obtención de condenas basadas en tortura y elementos probatorios falsos, siempre será indicio de una sociedad retrograda y autoritaria.

Es tiempo de respetar nuestros Derechos y los de los demás, es tiempo de cientifizar a nuestros cuerpos de seguridad, es tiempo de implementar los Derechos Consagrados en nuestra Constitución recién traídos de los tratados garantes de nuestros Derechos Humanos.

Articulo.- “Mátenlos en caliente” por Cesar Valdéz.

“...dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? /

porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale...”

La Polla Records

44 muertos se suman a la larga lista de suicidios supuestos más nunca investigados, muertes “naturales” ydescaradas ejecuciones ocurridas en penales de Nuevo León en los últimos años, mostrando lo que siempre sesupo: que las autoridades no han podido ni querido controlar el sistema penitenciario, a ciencia y paciencia de unaprensa inquisitorial que alimenta a una opinión pública santurrona cómodamente instalada en la ignorancia y el fácilrecurso del afán de linchamiento.

Hoy lunes 20 de febrero de 2012 algunos columnistas han ubicado estos terribles hechos en el contexto nacional,señalando que estos asesinatos en el penal de Apodaca son parte de una cadena de sucesos de sangre encentros penitenciarios como los de Juárez o Tijuana, en donde también se han registrado homicidios, en violentascircunstancias a los que los funcionarios estatales y federales dan carpetazo con la etiqueta de “motín”.

Sin embargo, el caso del sistema penitenciario de Nuevo León tiene particularidades que le dan a los 44asesinatos del penal de Apodaca un cariz más terrible que el que de por sí tiene una matanza de esasdimensiones; cariz que tiene que ver con lo anómalo del funcionamiento habitual de las instituciones deadministración de ese sistema penitenciario y de la percepción que los nuevoleoneses tienen de él.

Tenemos a una autoridad estatal que por decenios ha dejado a las cárceles en un limbo jurídico y administrativo,en manos de funcionarios que más que rendir cuentas a la sociedad, han convertido al sistema penitenciario en unnegocio particular, una industria que opera completamente al margen de la ley y cuya materia prima son personaspobres que no tienen con qué defenderse en un sistema penal completamente venal, estructuralmente corrompido,que permite que los criminales con recursos tengan muchas maneras de evadirlo, en tanto que provoca la condenade muchos inocentes.

Esta es la realidad que se tenía antes, mucho antes de que los cárteles “sentaran sus reales” en Nuevo León(cómo preconizó recursivamente el clásico Coco Coindreau), y es el estado de cosas que permitió que esoscárteles pudieran fácilmente tomar el control de la estructura de mando penitenciaria, como relevo natural de esosfuncionarios cuya única motivación era la ganancia monetaria y el abuso del poder.

Todas las voces que advirtieron el tic-tac de esta bomba de tiempo fueron ignoradas y vilipendiadas, como en elcaso de la Hermana Consuelo Morales, quien desde su organización, Ciudadanos en Apoyo a los DerechosHumanos, A.C. (CADHAC), insistió desde los años 90 en que si no se echaba mano a esas islas jurídicas que sonlos penales, las consecuencias serían desastrosas. Ni siquiera el que CADHAC haya llevado la denuncia de estasituación al plano internacional fue suficiente para que las autoridades estatales emanadas del PRI y del PANmovieran un dedo.

¿Para qué iba un gobierno estatal desgastar sus preciosas energías en someter al imperio de la ley a lascárceles?, ¿qué beneficios tendría un gobernador, un procurador, si atendiera las constantes denuncias deviolaciones sistemáticas a los derechos humanos en los penales?. Nuestros funcionarios democráticamenteelectos no vieron, y no lo ven aun tras los maderos de esos 44 ataúdes, qué tajada política se puede cortar de esepastel explosivo, ya que tienen a la opinión pública de su lado, pues es de todos sabido que quien está en la cárceles porque se lo merece, y se tiene una seguridad plena de que “nosotros” jamás tendremos que ver con esesubmundo de citatorios, barandillas, abogados, jueces, actos de formal prisión, consignaciones.

La dichosa opinión pública acude al espectáculo del asesinato e incineración de presos con ese ánimo terapéuticoque a decir de Camilo José Cela, llevaban los campesinos españoles de la preguerra que acudían a ver a loscondenados a morir en el garrote, ya que, “el pueblo sencillo lo único que pide es un poco de sangre”. Los 44, cadauno de ellos, se merecía la muerte que tuvo, es de “los otros”, muy otros, los que no son ni serán jamás“nosotros”, y el campesino vuelve a su labor con el alma purificada y la renovada certeza de su inocencia perpetua.

Es así como en Nuevo León esa combinación de una casta de burócratas en el poder del sistema penitenciario -ahora compartido o cedido a los cárteles-, con una ciudadanía educada en la lógica de la ley fuga, de lasrespuestas prontas y expeditas que aplauden la eliminación de quienes no son como uno; es que tenemos comoconsecuencia una matanza de proporciones tales que deberían movernos a la reflexión por lo menos, o a tenercomo desenlace la reestructura de ese aparato penitenciario.

Ni una cosa ni otra pasarán.

“Mátenlos en caliente”, ordenó Porfirio Díaz y tras cumplido el mandato con la premura que la orden implicó, lafrase quedó en la memoria de muchos mexicanos como una anécdota festiva de lo que debe hacer un buengobernante, sin que nadie se tomara la molestia de recordar o de saber siquiera quiénes fueron los sujetos pasivosde aquél arranque justiciero del tirano. Igualmente, los 44 asesinados del penal de Apodaca pasarán rápidamenteal olvido y de su muerte sólo tendremos un recuento cuando algo equivalente vuelva a suceder, pues no se moveráun dedo gubernamental para que las causas de tal desastre sean atendidas.

Muerte en el Penal de Apodaca

Nuevamente la muerte ha llenado uno de los centros de reclusión de nuestra entidad; esta vez fue el turno del Penal de Apodaca. Una vez más el Penal de Apodaca fue escenario de una revuelta entre internos que dejo como saldo al menos 30 personas sin vida.

Una vez más la sobre población carcelaria es uno de los factores clave que llevo a tan fatídico desenlace.

El asinamiento en un centro penitenciario es el factor principal para que se susciten este tipo de eventos.

Recordemos que las cárceles en México distan por mucho de encontrarse dentro de los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas.

De nueva cuenta nos encontramos con el resultado de un sistema creado para encarcelar y contener a los gobernados.

Necesitamos que el incremento de penas en diversos delitos tanto de los ordenes del fuero común como del federal dejen de ser la solución en el combate contra el crimen.

Es tiempo de implementar estrategias de concientización por medio de la educación para reducir la sobre población penitenciaria.

Hemos visto el resultado que esto (el incremento de penas y la sobre población) ha traído en nuestro vecino pías del norte.

Debemos seguir el ejemplo de culturas más desarrolladas que las que están cruzando el río bravo.

Una estrategia de saneamiento a la economía y mejor educación resultarían en una solución efectiva en un problema que desde hace años se ha ha ido convirtiendo en una bomba de tiempo.

Como lo hemos comentado, este tipo de eventualidades irían a la alta.

Las políticas de nuestras administraciones se han ocupado de pretender tapar el sol con un dedo.

Se han ocupado de tratar de solucionar un problema educacional y cultural con las armas.

Si bien es cierto que el Estado debe detentar una fuerza coactiva y punitiva sobre sus integrantes como modo disuasivo y de castigo en aquellos que flagelen el contrato social, también lo es que ello es la ultima de las soluciones a cualquier conflicto.

El Gobierno debe por Ley proveer los satisfactores necesarios para que la vida ocurra de manera pacifica.

Lo cual implica el crecimiento de la sociedad sobre una base de armonía económica y oportunidades de desarrollo.

Mientras continuemos metiendo personas a la cárcel, mientras el problema no se ataque desde la trinchera adecuada, nos veremos siempre ante situaciones caóticas y deplorables como la de este fatídico día de febrero de 2012.

La solución no se encuentra en las armas, no se encuentra en los operativos de reacción; la solución es sembrando la semilla de la humanización, de la armonía, de la equidad, de las oportunidades.

Brindemos en la medida de nuestras posibilidades la oportunidad de que esa semilla germine y veremos el resultado de un México en paz, de un México seguro.

Solicitemos a nuestras autoridades la aplicación de medidas sancionadoras a quienes dolosamente han incumplido en el ejercicio de su encargo, empleo o comisión.

Impulsemos la implementación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en los centros penitenciarios.

Promulguemos leyes tendientes a exaltar la persona humana y entonces nos encontraremos ante un nuevo y mejor futuro.

Saludos.

Condenan en Guanajuato a mujeres tatuadas

[Tatuajes]

Por El Universal

14/07/2010 - 06:22 AM

Guanajuato.- Luz María Ramírez, titular del Instituto de la Mujer en la entidad, considera que el uso de tatuajes en las féminas es un ejemplo de la pérdida de valores. La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), Luz María Ramírez Villalplando, señaló que el uso de tatuajes en las mujeres es un ejemplo de la pérdida de valores en la sociedad. En una exposición a unos 200 políticos en el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), la funcionaria rechazó los grabados en la piel, las perforaciones y utilización de piercing en los genitales. La titular del IMUG acudió a la sede del partido blanquiazul a platicar sobre los valores en la familia, por invitación del presidente del comité municipal panista, Miguel Ángel Salim, también director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). "Cómo poder evitar el caos si no hay pautas de valoración o normas de conducta", dijo Ramírez Villalpando a los panistas, en la ponencia apoyada de gráficas y textos. "Esta joven, bueno, podrá afirmar que es muy original y que es muy su gusto andar así, pero yo me pregunto, ¿si no hay un valor que se llama salud? y si algunas de estas cosas no le estarán perjudicando en este sentido", aseveró al mostrar la fotografía de una joven tatuada. La funcionaria describió a los asistentes la confesión de un joven que le reveló su intención de utilizar ese accesorio en las partes íntimas. "En una ocasión, estando en un grupo de jóvenes, uno de ellos me decía que se quería colocar un piercing en sus genitales, ¡se lo quería ubicar en sus genitales!", relató. ¡Caramba! ¿para qué quieres ponerte o lastimarte de esa manera? ¿y a quién se lo vas a presumir?. ¡Me cuesta trabajo entender!, ¿a quién se lo vas a presumir?", comentó. Ramírez Villalpado consideró que en ocasiones se van adoptando ciertas conductas porque no está bien cimentada la escala de valores y como referencia mencionó a las personas con tatuajes, puede ser una señal en el valor de la salud. Mencionó que en Guanajuato más del 85% de las familias registran violencia intrafamiliar, que es otro reflejo de esa pérdida de valores. En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Ángeles López García, acusó a la directora del IMUG de promover actitudes discriminatorias y atentar contra la libertad de las mujeres, porque no le agrada cómo piensan, cómo visten, el color de pelo que usan, los tatuajes que llevan o los objetos que portan y demandó que sea destituida. "Yo esperaría que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inicie de manera oficiosa una investigación, una queja, nosotras haremos lo propio; ha logrado criminalizar a las mujeres", dijo. La defensora consideró que el comportamiento de Ramírez Villalpando tendría que generar una gran indignación, repudio social y la remoción de una funcionaria, porque no es la primera vez que se expresa sobre la política pública discriminatoria que se implementa en Guanajuato.

Entrevista a Lic. LEONEL JASSO por AZUCENA URESTI -aw radio

Entrevista realizada por Azucena Uresti al Lic. Leonel Jasso en donde se analiza la inconstitucionalidad de los retenes tipo antialcohol en la Ciudad de Monterrey y sus consecuencias.

AW-Radio.

Análisis del caso en donde una familia de Otomies fueron acribillados mientras se trasladaban en sus labores.

En sus declaraciones los familiares manifiestan su desesperación por la falta de apoyo de los diversos niveles de Gobierno.

Dentro de la entrevista, LEONEL JASSO, asesor del grupo investigador periodístico elabora un análisis de la situación que atraviesa la familia de las personas fallecidas y las diversas leyes que sirven de sustento para brindar el apoyo a estas en el ejercicio de sus derechos como víctimas u ofendidos de delitos en el Estado de Nuevo León.

Ante cualquier delito, el Estado por medio de la Procuraduría de Justicia tiene la oblación acorde a la Ley de Protección de Víctimas y Ofendidos de Delitos de Nuevo León, de brindar el apoyo y asistencia, la omisión de ello puede constituir desde una falta administrativa hasta un delito.

Denuncialo.

Entrevista realizada al Lic. LEONEL JASSO - Periodico El Regio-07-Sep-2011

(arriba la version original de la entrevista completa publicada en la página 12, Regio 7 de Sep. de 2011, da click en la imagen para agrandar)

(abajo el extracto de la entrevista publicada en la sección el Picabuches, página 5, el Regio, 7 de Sep. de 2011, da click en al imagen para agrandar)

En esta entrevista se analizan desde el punto de vista jurídico las acciones y omisiones efectuadas por las Autoridades responsables de la Seguridad Pública en materia de Protección Civil en Nuevo León, así como la situación que se vive en la entidad y la necesidad de profesionalizar los cuerpos de rescate en el ámbito de prevención y capacitación. Si continuamos desatendiendo estas áreas de la Seguridad, seguiremos sufriendo como sociedad civil los embates de cualquier tipo de contingencia, ya sea humana y/o natural.

Propugnemos que la Ley en materia de Responsabilidades se aplique y que con ello se traduzcan los gritos del pueblo en la correcta prevención y atención de contingencias.

No es posible que una vez más, las deficientes acciones de los cuerpos de seguridad se vean reflejadas en la perdida de vidas humanas.

No es posible que sigamos siendo una entidad con cuerpos de seguridad reactivos. Nuevo León se merece una Protección Civil adecuada, preventiva, capacitada.

La perdida de vidas de las victímas en el Casino Royale, es una repetición de los eventos ocurridos en la Expo Guadalupe, en donde los muertos y lesionados se debieron a la falta de aplicación de medidas preventivas.

Las autoridades en la entidad, no reportan bajas civiles en el Casino Royale por disparo de arma de fuego, esquirlas o explosivos. Las victímas lo fueron por intoxicación, golpes entre el tumulto en huída y quemados.

Esto se habría evitado si el personal del Casino hubiera estado capacitado para el manejo de la emergencia, si contaran con Unidades Internas de Respuesta Inmediata, si las salidas no hubieran estado bloqueadas, si hubiera existido quien aplicara el Plan de Contingencias.

Las Autoridades Estatales acorde a la Ley de Protección Civil de Nuevo León, son las encargadas de Inspeccionar ese tipo de establecimientos.

Ahora, con diversos peritajes se quiere distorsionar la realidad.

La verdad es que como en la Expo Guadalupe NO existío Prevención.

Ante la creciente ola de violencia de nuestro Estado, debemos estar preparados para enfrentar cualquier tipo de contingencia, para responder adecuadamente en los establecimientos y para que estos cuenten con las medidas de emergencia que establecen nuestras normas.

No olvidemos este nuevo ejemplo de lo que significa dejar de lado las Leyes, porque de ser así en la próxima emergencia nos podría tocar a nosotros.

Mis condolencias a todas las familias de los hermanos que ya no están con nosotros.

No sesguen en pedir a las Autoridades la aplicación correcta de la Ley.

Sobre Poblacion Penitenciaria-"Abuso de la Prisión Preventiva y del Aumento de Penas en Nuevo León"

La anterior es una entrevista realizada al Lic. Leonel Jasso como Asesor en Derechos Humanos, por Televisa Monterrey, en donde se analizan jurídicamente las consecuencias de la sobre población carcelaria resultante del incremento de penas, y del abuso de la prisión preventiva.

De lo que se puede concluir que en todo momento lo idóneo es la cultura de la prevención delincuencial que acontece del implemento de una educación de calidad, de una sana economía y de un desarrollo familiar íntegro.

Como resultado se obtiene que el incremento de penas y el abuso que en nuestro País se hace de la prisión preventiva consecuentemente traen como resultando un asinamiento penitenciario que deviene en acrecentar la cultura del delincuente en prisión, dejando de lado el aspecto humano de la readaptación de aquel sujeto que se encuentra privado de su libertad compurgando una pena.

Propugnemos a nuestros legisladores que se avoquen a la promoción de una cultura preventiva a fin de sanear nuestra sociedad.

Reducción de la edad penal: Violaciones a las Leyes y a la Razón.

Existiría en primer término un conflicto con las definiciones que la propia constitución hace de la clasificación de niños, comenzando por el artículo 4º que en su párrafo 6º establece el derecho a la satisfacción de las necesidades de los niños y niñas, en cuanto hace a la salud, educación, alimentación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Se violenta además lo estipulado por el párrafo 4º del artículo 18 de nuestra Carta Magna, que ordena el establecimiento de un sistema integral de justicia a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 de edad, en donde se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la constitución; así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Especificando que aquellos menores de 12 años que cometan alguna conducta delictiva solo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social.

Esto sin contar que acorde a las modificaciones a la constitución que se han hecho en meses pasados, los tratados y acuerdos internacionales, así como el propio artículo 133 del Pacto Federal, ordena categóricamente el acatamiento de tales disposiciones internaciones, elevándolas al rango de derechos constitucionales, de donde se deviene una clara violación a la Convención de los Derechos del Niño de la cual nuestro País es Estado signante y ratificado.

Aunado a lo anterior, nos encontramos con que en nuestra entidad los legisladores a la vez que impulsan leyes que propician el castigo mayor a los menores que delinquen, por otra parte culpabilizan a quienes corrompen a la niñez con penas menores a las que se aplican a aquellos que roban vehículos, enviando así un doble mensaje a la población que estriba entre la preocupación por la participación de los menores de edad en actos delictivos y la casi nula persecución y penalización en quienes los inician, conducta que se tipifica en el mencionado flagelo de corrupción de menores.

Así las cosas que desde el punto de vista que establece la propia constitución, el desarrollo psíquico de un sujeto en edad menor a los 18 años resulta carente de la maduración requerida para ser imputado y castigado como si el sujeto fuera cognoscitivamente una persona que comprenda la imprudencia de sus actos y sus consecuencias, repercusiones y sobre todo el daño que ocasiona a otros con el despliegue y materialización de dicho acto, por lo que en cuanto hace a lo preceptuado por el diverso 18 Constitucional se está en lo acertado en apartarlo de aquellos en edad de mayoría y dejarlo en una categorización que le otorga un trato especial por sobre aquellas personas con maduración ad hoc para ser sujetos de derecho perseguibles por el Estado.

Consecuentemente se puede decir que la maduración del sujeto se da en base a lo experienciado por este y en relación a la edad cronológica, correlacionado con la edad mental que el propio desarrollo psíquico del sujeto en su fisiología obtiene, hasta llegar a ser una persona que comprende su actuar de manera consiente, entendiendo con ello la diferencia entre las verdaderas consecuencias de lo socialmente aceptable y lo castigable o restringido, diferenciación que se obtiene a la combinación eficaz de un sano desarrollo familiar, una economía que permita al menor accesar a los satisfactores que menciona el diverso 4º de nuestra Constitución y una buena educación académica; lo que por lógica consecuencia, resultaría en la obtención de un sujeto sano en su desarrollo físico, espiritual y mental.

Por lo que se puede concluir entonces que lo que necesitamos sigue siendo un buen nivel educativo en los planteles, una buena educación familiar y una sana economía, que permita al sujeto desarrollarse efectivamente.

A lo anterior cabe hacer el comparativo entre la diferenciación que hace el Código Penal de aquellas personas que se consideran inimputables de aquellas que no lo son, y las razones por las que la propia ley penal hace tal distinción.

Comparativo que a su análisis obtendríamos que la razón por la cual se trata diferente a un sujeto de los denominados inimputables de aquellos que según la propia codificación no lo son, estriba en el desarrollo psíquico o mental del sujeto y la capacidad de comprensión desde el punto de vista psicológico de sus actos y consecuencias.

Por lo que se insiste en que el juzgamiento como adultos a personas con un desarrollo mental en proceso de maduración resulta en un trato cruel, inhumano, inequitativo y desproporcionado por la propia capacidad diferente de este en cuanto hace al entendimiento de su entorno, sus parámetros morales, mentales y sus consecuencias.

No a la Ley que juzga como adultos a los menores de edad.

Respeto a los derechos humanos.

Profesionalización de nuestros cuerpos de justicia.

Mejor economía y sano desarrollo social.

Saludos.